La comisión de Justicia intentará dictaminar pasado mañana -algunos temen por el quórum en ese encuentro- y llevar al tema el recinto el 27-9.
Intento. Pedro Guastavino buscará trasladar el acuerdo con el oficialismo de la semana pasada a un dictamen de la comisión de Justicia
En una semana con poca actividad, y ante una secuencia en los últimos días de reuniones que no tuvieron quórum, la comisión de Justicia del Senado buscará sanar los arañazos que el serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa, imprimió a la ley de responsabilidad penal empresaria, para devolverla en segunda revisión a Diputados.
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La reunión que comandará pasado mañana el titular de la comisión, Pedro Guastavino (PJ), es la consecuencia de un cónclave que mantuvieron la semana pasada el justicialismo, la UCR, el PRO y el peronismo federal para lograr un dictamen en conjunto y llevarlo al recinto -aunque hay dudas-, en principio, el miércoles 27-9.
De ese convite reservado participaron el jefe del PJ y delegado premium de los gobernadores de ese partido, Miguel Pichetto; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO); el líder del interbloque de Cambiemos, Ángel Rozas (UCR); Mario Pais (un FpV "racional"); los justicialistas Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino y la peronista disidente Liliana Negre de Alonso, "decana" de los legisladores en esa Cámara.
El apuro de los senadores tiene otra razón además de la principal, es decir, la de enmendar el enchastre que provocó Massa en Diputados, en un sesión que finalizó en papelón ya que se modificó un artículo del Código Penal pero sin aumentar las penas durante la votación en general, y en la discusión en particular se incorporó un cambio para subirlas.
La finalidad de los legisladores oficialistas y opositores es evitar el efecto "extinción de dominio", la iniciativa que votó Diputados -repatriación de bienes a favor del Estado provenientes de actividades ilícitas- tras el impulso del zigzagueante tigrense que luego dinamitó el Senado aunque sin llegar al recinto, debido al temor a que Massa insista con la versión original tras un eventual regreso del proyecto en segunda revisión.
El primer asunto a resolver está en el artículo 1 del texto que votó Diputados: se volverá a la redacción original -del proyecto que envió el Ejecutivo- de ilícitos relacionados con la corrupción y no todos los delitos del Código Penal, un agregado massista llevado a cabo en el recinto ante el desconcierto del jefe del PRO, Nicolás Massot, y las defensas bajas en esa sesión del presidente de esa Cámara y peronista con témpera amarilla, Emilio Monzó, amigo del exintendente.
Otra picardía massista a corregir es la de declarar la imprescriptibilidad de los delitos sobre los que hablará la ley. "Es un verdadero mamarracho (...) Es imprudente en términos institucionales (...) Si la necesidad de la sociedad es lograr resultados más rápidos, se van a consolidar procesos que van a durar 20 o 30 años, por lo tanto el juicio durará hasta el fin de la vida del imputado", disparó Pichetto semanas atrás, cuando el proyecto comenzó a analizarse en la comisión que comanda Guastavino.
Las multas también será una cuestión a cambiar, y se agregará una diferenciación sobre el beneficio indebido empresarial o pretendido (por ejemplo, un cohecho para ganar un contrato).
Durante el encuentro de la semana pasada también se analizó la posibilidad -cerca de un acuerdo- en cuanto a no excluir a las pymes del régimen penal empresario, y para lo que sí hay consenso mayoritario es para la figura de responsabilidad penal "por defecto de organización", lo que significa que la pena será determinada en función de si la empresa cuenta o no con un Programa de Integridad.
Hay un antecedente fresco en el que confía el oficialismo y se dio dos meses atrás, con la ley de protección de víctimas. Ese texto partió de Diputados en 2016 tras el impulso del massismo y cuando aterrizó en el Senado, recibió un vendaval de críticas. Tras varios meses de análisis en las de Justicia y Asuntos Penales; de Derechos y Garantías; y de Presupuesto y Hacienda, el proyecto volvió en revisión a la cámara de origen, que aceptó los cambios en cuestión.
Las modificaciones a la ley de responsabilidad penal empresaria iría por el mismo camino que la iniciativa de víctimas, ya que Massa busca ahora captar la atención de gobernadores justicialistas -gran parte desconfía de él, al igual que los diputados y senadores- y dejar atrás el abrazo con el kirchnerismo el año pasado para impulsar cambios al Impuesto a las Ganancias.
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