Senado demora dictamen que complica a Moyano

Mientras el Senado sesionaba ayer, una marcha organizada por la Secretaría de Derechos Humanos rodeó el edificio junto con organizaciones sociales para pedir por la ley que modifica el régimen de trabajo doméstico.

Por cuarta vez el Senado postergó ayer el debate de los informes de la Auditoría General sobre el funcionamiento de la Administradora de Programas Especiales y el del OCCOVI, que terminan en ambos casos con la recomendación de girar los expedientes a la Justicia.

Si bien la AGN es crítica en cuanto al organismo de control de las concesiones viales, la oposición estaba más interesada en debatir el dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas sobre la APE.

Pedido radical

En ese dictamen, como se relató en este diario, el radicalismo pide que se deslinden responsabilidades, se determine el eventual perjuicio fiscal por subsidios mal otorgados a obras sociales sindicales y se remitan las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción y a la Justicia Federal.

En el informe de la AGN se explican supuestos mecanismos defraudatorios de las obras sociales para con la APE desde el año 2002. Se encontraron, por ejemplo, sobreprecios en la compra de vacunas, «falta de control de las prestaciones médicas subsidiadas y rendición de medicamentos con la presentación de troqueles en fotocopia en lugar de originales».

La Auditoría envió el informe al Congreso en 2007, pero recién pudo tratarse en la Comisión Mixta con el cambio de autoridades de 2010 y desde ese momento espera que los recintos lo aprueben.

Ayer, el kirchnerismo logró imponerse, como ya sucedió también en Diputados, y bloqueó el debate que debió ser postergado para dentro de dos semanas.

Además de una serie de proyectos consensuados, los senadores aprobaron un proyecto de declaración, que rechaza los bloqueos a las plantas de distribución de Clarín y La Nación.

El proyecto de declaración cuenta con tres artículos, pero sólo el primero fue aprobado por unanimidad de todos los bloques.

La iniciativa «rechaza y repudia» la «metodología de bloqueo que el domingo 27 de marzo impidió la distribución de Clarín. Pero los últimos dos artículos del proyecto fueron apoyados sólo por el kirchnerismo: allí se avala la «política implementada por el Gobierno nacional» desde el 25 de mayo de 2003, de «no reprimir, sino buscar soluciones sobre la base del diálogo, frente a conflictos gremiales o sociales».

Finalmente, se declara la «necesidad de que las empresas resuelvan los conflictos laborales, y garanticen los derechos de los trabajadores y el pleno ejercicio de la libertad sindical».

Reacción

Quizás el punto más importante de la discusión fue cuando Miguel Pichetto reconoció que la decisión de bloquear la salida del diario «les quita legitimidad» a los reclamos de los trabajadores: «Se le echó la culpa a un sindicato que no participó. Se hacía aparecer al Gobierno y a la Presidenta como cómplices. Nos imputan el silencio, pero la primera reacción de la Presidenta fue solicitar al ministro de Trabajo que solucione el tema», dijo Pichetto.

El radical Gerardo Morales prefirió acusar al Gobierno por «no hacer lo que debía, escudado en un argumento de que tenía que reprimir».