El diputado a la Asamblea Nacional (congreso unicameral) por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Andrés Eloy Méndez indicó que la orden fue librada por los delitos de legitimación de capitales, defraudación al fisco y asociación ilícita.
"Esta orden también incorporó allanamientos tanto a viviendas como a algunas empresas vinculadas a delitos tipificados en nuestra legislación, como es el caso de legitimación de capitales, defraudación al fisco y asociación para delinquir", declaró en una rueda de prensa.
Méndez subrayó que López estaría vinculado a la red de corrupción que el chavismo ha bautizado como el "cartel amarillo", en referencia al partido Primero Justicia de Capriles, que involucra a otros altos dirigentes de la oposición venezolana como el exjefe de campaña, Armando Briquet, y los diputados Julio Borges, Richard Mardo -que fue despojado de su inmunidad parlamentaria la semana pasada- e Ismael García.
"El señor Óscar López Colina es el zar de las finanzas del cartel amarillo, de la burguesía amarilla, pero resulta que el señor Óscar López Colina es funcionario público, él es director de despacho del gobernador ausente del estado Miranda", disparó en referencia a Capriles.
La vivienda de López, ubicada en el este de Caracas, fue allanada en la madrugada del miércoles por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
En ese sentido, el aludido diputado Borges afirmó que "es claro para Venezuela que el Gobierno tiene enfilada toda su batería contra Primero Justicia porque sabe que es el corazón que ayuda a que se dé la unidad" de la oposición, y porque representa una alternativa "sólida y renovadora en el país".
En declaraciones reproducidas por el sitio Noticias24, añadió que los chavistas "recurren a la fuerza bruta para tratar de destruirnos, pero esto nos da más fuerza".
En tanto, el Tribunal Supremo de Justicia pidió el miércoles a la Fiscalía General que investigue si las "ofensas" de Capriles pueden abrir paso a un caso penal, luego que un fallo del TSJ desechara la impugnación que intentó de las elecciones presidenciales de abril.
La Sala Constitucional de TSJ dictaminó que Capriles habría incurrido en una falta de respeto a la Corte al acusarla de parcialidad a favor del Gobierno de Maduro, quien fue declarado ganador de las elecciones del 14 de abril por una mínima diferencia.
El fallo del TSJ en el que rechaza la impugnación intentada por Capriles señala que el excandidato pudo haber incurrido en ofensas al Poder Judicial, al afirmar que de parte del TSJ hubo una decisión de "premeditada parcialidad".
| Agencias DPA y EFE, y Ámbito Financiero |
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