Siemens decidió dar un fuerte envión a la causa que investiga la Justicia argentina por el presunto pago de sobornos por parte de la empresa a funcionarios del Gobierno de Carlos Menem, en la negociación del contrato por la digitalización de los DNI en 1999, con la presentación el lunes pasado del capítulo criollo de la ya mítica auditoría interna que la casa matriz encargó al estudio Debevoise & Plimpton. En ella figura toda la base contable de la compañía, con la lista de operaciones financieras que fueron señaladas como «irregulares» por los propios auditores y que en el caso argentino ascienden a unos u$s 106 millones.
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Esta auditoría interna fue la información en la que se basaron la Securities Exchange Comission (SEC) y el Ministerio de Justicia estadounidense para negociar con Siemens una multa de u$s 800 millones, luego de admitir su responsabilidad en el pago de sobornos directos o indirectos a funcionarios extranjeros para obtener contratos. El acuerdo permitió a Siemens seguir cotizando en Wall Street y mantener sus contratos en ese país. En el caso de la Argentina, Siemens AG admitió únicamente haber cometido irregularidades en sus asientos contables («books & records»), a diferencia de otros países en los que reconoció el pago de coimas, como en Venezuela.
En los registros presentados el lunes pasado al juzgado de Lijo figuran las cuentas en las que fueron detectadas irregularidades por el auditor de Debevoise & Plimpton, así como el 99% de los destinatarios (en su mayoría sociedades anónimas, aunque también figuran nombres de los beneficiarios), además de mails y facturas de los pagos. La mayoría de estas operaciones fueron realizas por la casa matriz, si bien habría un 5% tramitado por la filial local. Desde la empresa destacaron que esta presentación tenía la intención de mostrar la voluntad de Siemens de colaborar con la Justicia, si bien advirtieron que esta documentación tampoco «resolvía el caso». Por el contrario, el informe aportaría datos sobre una primera parte de la investigación: cómo y adónde salió dinero sin justificar de la compañía, pero deja abiertas las posibilidades del destino final, ya que la mayoría de las empresas que figuran como receptoras de pagos irregulares habrían actuado como intermediarias.
Según la SEC, «por lo menos u$s 2,6 millones habrían sido transferidos directamente desde las cuentas de estos consultores al Presidente de la Argentina, al ministro del Interior y al director de Migraciones para obtener el contrato. Durante este período, empleados de Siemens prometieron pagar un adicional de u$s 30 millones o más al Presidente y sus ministros». El escrito además señala que Siemens habría pagado u$s 6 millones en «sobornos adicionales a funcionarios del nuevo Gobierno», que se habrían extendido entre 1998 y 2004, aunque deja implícito que no habrían abarcado a funcionarios de los presidentes Eduardo Duhalde o Néstor Kirchner.
En este sentido, la documentación presentada no demuestra exactamente lo afirmado por la SEC. Esto se debe a que el alegato de la entidad estadounidense fue mucho más amplio de lo que Siemens AG admitió en el acuerdo de culpabilidad. La diferencia de criterio se basa en un dato central: la auditoría de Debevoise & Plimpton se dividió en dos partes, los asientos contables y las entrevistas realizadas por los auditores a auditores de la empresa alrededor del mundo. Estas reuniones no fueron documentadas, sólo se tomaron notas personales, que luego fueron presentadas con informes orales y cuadros en powerpoint en las audiencias de la SEC. Según explicaron desde la filial local, el parámetro de prueba en Estado Unidos es muy diferente al criollo.
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