Siete procesados y prisión por el asesinato de Ferreyra

La Justicia procesó con prisión preventiva a los siete detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra, el activista del Partido Obrero (PO) asesinado el 20 de octubre pasado en Barracas, en un choque entre trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca que realizaba una protesta y un grupo del sindicato Unión Ferroviaria (UF) que buscaba disolverla. La medida fue tomada por la jueza de Instrucción Susana Wilma López por entender que los siete sospechosos fueron coautores de presunto homicidio calificado y coacción agravada.

Los procesamientos recayeron sobre dos presuntos barras bravas sindicados como posibles autores de disparos sobre el grupo de tercerizados y militantes partidarios; un delegado de la Unión Ferroviaria, acusado de organizar presuntamente un grupo de choque; un trabajador del tren que, según la investigación, portó un arma; un portero de talleres ferroviarios, sindicado por el aparente ocultamiento de los revólveres, y otros dos empleados del Roca, filmados mientras ejercían violencia contra un equipo periodístico para evitar la cobertura de los hechos.

Los delitos que les imputó la magistrada contemplan penas de prisión o reclusión perpetua. Además, como adelantó este diario, la jueza eligió no incorporar la figura de «asociación ilícita» para evitar planteos de inconstitucionalidad por parte de los defensores de los detenidos. En cambio, los acusó de «haber integrado una organización formada con el propósito de impedirle a un grupo de manifestantes que cortasen las vías del ferrocarril ex Roca».

Fueron procesados Cristian Daniel «Harry» Favale, barra brava de Defensa y Justicia y principal sospechoso de haber disparado contra Ferreyra; Gabriel Sánchez, presunto autor también de disparos contra los manifestantes; Pablo Díaz, delegado del sindicato en el Roca y presunto organizador de un contrapiquete; Guillermo Uño, de quien se cree empuñó un arma, aunque sin estar claro si llegó a utilizarla; Juan Carlos Pérez, portero de los talleres de Remedios de Escalada y sindicado como el encargado de ocultar los tres revólveres luego de los incidentes; y Jorge González y Francisco Pipitó, filmados cuando intentaron evitar por la fuerza el trabajo de un equipo del canal de cable C5N.

Puerta abierta

El fallo de López, de 160 páginas, deja abierta la puerta a para avanzar en las posibles responsabilidades de otros dirigentes de la Unión Ferroviaria. Respecto de Pablo Díaz, la jueza señala que fue el «encargado de la situación» y el «organizador de este acuerdo criminal», pero también destaca que luego de los disparos al sospechoso «le sonó el handy, anunciando que lo había llamado el Gallego González». Se refiere así a Juan Carlos González, tercero en la estructura del sindicato que lidera José Pedraza, que en esa comunicación que consta en el expediente le ordenó a Díaz retirarse del lugar.

Los investigadores ya habían anticipado la posición favorable de la fiscal del caso, Cristina Caamaño, de citar a indagatoria al «Gallego» Fernández, e incluso al propio Pedraza.

Pablo Ferreyra, hermano del militante del PO asesinado, consideró «en principio positiva» la decisión de la jueza. Y sostuvo que «debería profundizarse la investigación sobre la responsabilidad de la Unión Ferroviaria y en la conducta omisiva de la Policía Federal».

Mientras que Claudia Ferrero, abogada penalista del PO, valoró el fallo por entender que «fue exactamente» la calificación pedida por el partido, aunque aclaró que «se trata de un primer paso, el mínimo».

«Es el primer grupo de imputados y todavía están afuera los responsables políticos e intelectuales. En su fallo, la jueza deja abierta esa búsqueda. Lo negativo es que en las fundamentaciones quedaron diluidas las otras patas del plan criminal: el directorio de Ugofe, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario y la Policía», agregó la letrada.