Sin clemencia para los perdedores

Aunque los partidos chicos pelearon hasta el final, este año la Cámara Nacional Electoral se ha propuesto probar que en estas elecciones presidenciales no hay lugar para los débiles. El famoso piso del 1,5% de votos válidamente emitidos para llegar a la votación del próximo 23 de octubre fue el criterio inamovible del máximo tribunal electoral del país para dividir aguas en estos casos. Y frente a esta cifra no importó si el fiscal había recomendado revisar la situación o si sólo le faltaban a la agrupación 25 votos para llegar al mínimo indicado por la nueva ley.

Si bien la mayoría de las 48 agrupaciones políticas descalificadas después de las primarias por la falta de votos requeridos no insistió en participar, algunos partidos provinciales optaron por reclamar en los tribunales. Ése fue el caso del Partido Demócrata Independiente de San Luis, que obtuvo un 1,49% de votos válidos (y le faltaron sólo 25 para llegar al piso), así como el de Nueva Izquierda de Mendoza (1,49%), el Partido Nacionalista Constitucional de Chaco (1,48%), y de Fuerza Republicana de Tucumán (1,47%), entre otros. Todas estas agrupaciones fueron a los tribunales electorales de sus provincias para discutir el mínimo margen que les quedaba para llegar al piso, la arbitrariedad de los números, la frialdad de las cifras.

Algunos tuvieron éxito en sus planteos: en casos como los del Partido Demócrata Independiente de San Luis y el de Unión por La Rioja, el fiscal electoral Jorge Di Lello se apiadó de las cifras y recomendó reevaluar la situación de estas agrupaciones. El letrado tuvo especialmente en cuenta que era la primera elección en la que se aplicaba el piso que indica la ley, así como enfatizó el principio de proparticipación de todas las fuerzas políticas en el sufragio para avalar esta decisión.

El máximo tribunal electoral del país fue, sin embargo, inflexible y recordó en todos los casos que el piso requerido en el artículo 45 de la Ley 26.571 era una «condición sine qua non» para participar en los comicios generales, que tiene como fundamento «la consolidación del sistema democrático» y «favorecer la legitimidad de los candidatos que representarán al pueblo en su conjunto». Estos casos demuestran que, por más que la diferencia sea de un voto, la cámara está dispuesta a aplicar la nueva legislación a rajatabla, al menos en estos casos.