Skanska: sobreseimientos para todos los acusados

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Una de las causas insignia por presunta corrupción en el actual Gobierno quedó ayer en un punto muerto, con el sobreseimiento de los acusados, entre ellos funcionarios, y con una resolución que descartó el pago de sobreprecios en la contratación de obras públicas a cargo de la firma sueca Skanska. Un fallo de la Cámara Federal porteña sobreseyó por inexistencia de delito a Daniel Cameron, secretario de Energía, y al exinterventor del Enargas Fulvio Madaro, mientras que revocó el procesamiento que pesaba sobre el exresponsable del área de Fideicomisos del Banco Nación Néstor Ulloa y otra decena de exejecutivos de Skanska y de las transportadoras de gas TGN y TGS.

El fallo absolutorio, de unas 80 carillas, tiene como antecedente una pericia que descartó el pago de sobreprecios en las contrataciones, por la cual los especialistas que estuvieron a cargo pidieron que se les liquidaran honorarios por $ 48 millones y que fue impugnada por el fiscal Carlos Stornelli. La resolución de la Sala I del tribunal, además, cuestionó la labor del juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del expediente, por entender que incurrió en acciones «merecedoras de cuestionamientos» y en «insalvables contradicciones».

En paralelo, continúa la instrucción de otra causa, a cargo del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, en la que se investiga la presunta comercialización de facturas apócrifas.

Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler interpretaron que no hubo delito, sino una «decisión política» de adjudicar las obras en las condiciones en que se hizo, con el propósito de ampliar los gasoductos del norte y del sur antes del invierno de 2005. «Ni la decisión de hacer las obras, ni la metodología utilizada, ni los precios acordados pueden reputarse en sí mismos delictivos ante la total ausencia de elementos que así lo indiquen», señalaron los magistrados.

Los jueces apuntaron contra Oyarbide por entender que «su principal error» fue subestimar «el factor tiempo, a pesar de reconocer que una y otra vez fue invocado en los expedientes del Enargas», y agregaron que el magistrado de primera instancia sostuvo que «era preferible no hacer las obras en lugar de asumir la elevada demanda económica de los contratistas».

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