Sobreviven empresas recuperadas (pero con ayuda oficial)

Edición Impresa

La apropiación de una empresa puede convertirse en un modelo de negocios rentable. A través de las diferentes crisis que vivió la Argentina, fueron muchas las firmas que entraron en concurso preventivo o proceso de quiebra. La mayoría debió cerrar sus puertas. Otras fueron compradas por capitales extranjeros. Pero un pequeño porcentaje fue tomado por sus empleados, que se adueñaron de las compañías y se hicieron cargo de su gestión. Algunas, gracias a subsidios del Estado, siguen funcionando y dan ganancias. Cuentan al inicio de su actividad con el privilegio que no tenían los dueños originales de acceder a una ayuda oficial de hasta $ 500.000, lo que les permite relanzar la actividad comercial. Es una concesión que otorga el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) a modo de capital inicial (o para inversiones en infraestructura y materia prima una vez comenzada la actividad comercial) y a la que, obviamente, no tienen acceso ni siquiera las pymes.

Es por esta razón que la mayoría de los antiguos trabajadores no vuelven a conformar una empresa; se constituyen legalmente como una cooperativa de trabajo, una figura prevista en la Ley de Quiebras, donde todos los empleados pasan a ser monotributistas y ganan lo mismo. Según datos del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, el sueldo promedio en las cooperativas es de entre $ 3.000 y $ 5.000. Al no existir la figura del empleador, estas empresas no tienen la preocupación de tener que contratar una ART para sus empleados, y al no tener el título de propiedad, no pagan impuestos inmobiliarios.

Como en todos los sectores, en el de las cooperativas también hay oportunistas y la falta de claridad sobre la legalidad de la apropiación se presenta como un terreno propicio para el fraude. Desde las propias cooperativas reconocen las maniobras fraudulentas que se esconden detrás de las apropiaciones: «Hay casos en los que el dueño del inmueble simula una quiebra y alienta la conformación de una cooperativa por parte de los empleados para no afrontar deudas adquiridas, pero en la práctica el esquema de la gestión sigue siendo el mismo, piramidal, y no el de una cooperativa», explicó a este diario Diego Ruarte, encargado de prensa del hotel Bauen, administrado por sus empleados (ver recuadro).

El 18 de marzo, el Gobierno kirchnerista dio otro guiño a favor de quienes se colocaron al frente de las empresas quebradas: anunció el envío al Parlamento de un proyecto de modificación de la Ley de Quiebras para garantizar la continuidad de la gestión mientras se desarrolla ese proceso. La medida fue anunciada por Cristina de Kirchner durante una visita a la Cooperativa de Trabajo Envases Plásticos Flexibles Mataderos, una empresa recuperada y puesta en funcionamiento por sus trabajadores tras haber quebrado en setiembre.

Actualmente hay cerca de 200 fábricas absorbidas y gestionadas por sus trabajadores, según el Movimiento de Fábricas Recuperadas. En tanto, hay más de 3.000 firmas que se encuentran en situación de quiebra y paralizadas por indefinición judicial.

Empleo

El Gobierno sostiene que «se busca hacer todo lo posible para evitar que una unidad productiva cierre porque esto afecta al desarrollo del país. Es un mecanismo que sirve para mantener el empleo», dijo a este diario Diego Kravetz, titular de la bancada kirchnerista en la Legislatura porteña.

El mecanismo para acceder a un subsidio es casi el mismo que el de las licitaciones. «Cada año, el Gobierno lanza subsidios y las empresas presentamos proyectos para ganar esa subvención. A veces, el monto ofertado se divide entre los proyectos que califican y otras veces se destina a una sola, dependiendo de la necesidad», explicó Norberto Monzón, de la cooperativa GHELCO. Pero desde las cooperativas señalan que la adjudicación del dinero no es un mecanismo sencillo y que está reservado para las compañías ligadas al Gobierno. «No es fácil acceder a los subsidios. Muchas veces se los otorgan a quienes tienen contactos políticos», advierte Ruarte. Coincide su colega Matilde Adorno, de la ex textil Brukman, actualmente Cooperativa 18 de Diciembre: «Nos constituimos como una cooperativa porque sabíamos que íbamos a contar con más apoyo del Estado que una empresa común. Pero el proceso de asignación de los subsidios es muy lento».

Desde las compañías recuperadas justifican la ayuda estatal que reciben amparándose en el hecho de que al carecer del título de propiedad de la compañía, los empleados no pueden acceder a créditos bancarios. «Los subsidios para empresas como la nuestra son como la lluvia en medio de una sequía; sin ellos no podríamos gestionar», sostuvo Hugo Fusec, representante de la cooperativa de trabajo Viniplast.

Diferencias

No obstante, entre las firmas recuperadas existen diferentes vertientes de opinión. «En este sector como en todos hay diferentes posturas. En el caso de nuestra organización no estamos de acuerdo con aceptar subsidios estatales porque creemos que los obreros deben tomar la responsabilidad de poner la fábrica en marcha con los recursos que tienen. Muchos empleados antes de abrir las puertas de la empresa ya están pensando en el subsidio que recibirán. Nosotros consideramos que el trabajador debe asumir el compromiso de llevar adelante una empresa. Hacerse cargo de los costos, de los impuestos, sin especular con ayudas estatales», explicó Luis Alberto Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas.

Bajo esta misma línea de pensamiento se encuentra la Cooperativa MVH, que fabrica componentes de electrodomésticos, una de las pocas que no generó ganancias aun a costa de la ayuda estatal. «Resignamos una parte del salario para juntar el dinero necesario para invertir en maquinaria. Tuvimos suerte que el negocio marchó bien y hace dos años compramos la planta, pagando la quiebra en el juzgado. Nuestra estrategia no fueron los subsidios sino el trabajo organizado», concluyó Adalberto Carreras, responsable comercial.

Dejá tu comentario