Sospechoso: Burford vendió 15% del juicio con YPF en u$s 66 M

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• NO ACLARÓ QUIENES SON LOS COMPRADORES.
• ANTES DE 60 DÍAS HABRÁ SENTENCIA.
En una comunicación interna a sus socios, confirmó que sólo tiene el 35% de la demanda contra el país y la petrolera. El resto lo mantiene un “inversor” aún desconocido.

El fondo Burford Capital anunció la venta del 15% del juicio (u$s66 millones) que mantiene a nombre de Petersen Energía en los tribunales de Nueva York, y por el que el jueves pasado se concretó la audiencia abierta en la Cámara de Apelaciones de esa ciudad. El tribunal tiene ahora hasta 60 días para dar a conocer su sentencia, que podría ratificar el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska o darle la razón a la Argentina. Pero si se diera la primera opción, aparecerá un nuevo actor al que Argentina debería pagarle parte del juicio. Si bien los compradores se mantienen en el anonimato, Burford aclaró en un comunicado a sus socios, que se trata de "inversores institucionales".

La operación da una pista más sobre lo extraño de juicio: según Burford, la valuación que tiene del caso es de U$S440 millones, en lugar de los U$S3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos. Según los analistas la razón para que exista tamaña diferencia de dinero entre lo que se reclama y lo que para el propio demandante vale la demanda, sólo se explicaría por una razón: en realidad Burford es quién lleva adelante el juicio y a nombre de un porcentaje general que no superaría el 35%. Esto implica que el 75% restante de la demanda es propiedad de un tercero, que podría recibir si el fallo es positivo, unos U$S2.250 millones. ¿Quién puede ser este tercer actor?. El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre, o cualquier persona o Holdout que haya sido demandante al país en el "Juicio del Siglo". O incluso pude ser un ex o actual accionista de la empresa. O incluso una persona en particular. Se trata en realidad de algo habitual en Burford; un fondo que no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertice son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso del Grupo Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compras del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner; y se vio obligado a presentarse en concurso. Antes dejó en claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se reestatizó la petrolera y la prohibición explícita del gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF, mecanismo por el que el Grupo Petersen había acordado comprar ese porcentaje. Como la empresa de los Eskenazy no quería sostener un juicio contra el estado argentino, esperó a que el caso llegara a la justicia española para tomar la causa: En abril de 2015 se presentó ante el juez Thomas Griesa, magistrado que luego derivó la causa a Loretta Preska que falló a favor del demandante en diciembre del año pasado.

En el caso del comprador del 15% del juicio, se trata de una operación habitual en el mercado de capitales norteamericanos, donde el inversor especula con lo que puede suceder con el juicio final. Si gana, habrá ganado la diferencia entre lo que pagó y lo que la justicia de los Estados Unidos determine que la Argentina debe pagar. Si el país gana el juicio, habrá hecho una mala inversión en Wall Street. Y dependerán, si el tribunal le da lugar al pedido de la Argentina de trasladar el caso a Buenos Aires, de lo que defina la ecléctica justicia local. La respuesta se conocerá antes que termine octubre, cuando los tres jueces de la Cámara que intervienen en el caso, Ralph Winter, Guido Calabresi y Denny Chin definan la segunda instancia judicial.

Burford le compró el juicio a la justicia española, que tenía la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazy creó en ese país, junto a otra bajo las leyes australianas, para comprar acciones de la petrolera en 2008.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de privatización definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la bolsa de Comercio de Nueva York, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Durante la reestatización, el gobierno de Cristina de Kirchner no le dio importancia a este punto. El Congreso aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones, luego que en el recinto, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof descartara cualquier problema posterior afirmando que "créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a U$S19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!". Esta frase en ahora una de las argumentaciones centrales de Burford en la causa que tiene que definir la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

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