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Stornelli sospecha que hay policías involucrados en los últimos homicidios
Carlos Stornelli
El funcionario precisó que el modus operandi consistiría en «el reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria» para que cometan esos hechos violentos, según la denuncia. La investigación recayó en el fiscal platense Marcelo Romero, quien informó que esta semana citará al funcionario para que amplíe sus dichos y a la plana mayor de la Policía Bonaerense.
«De comprobarse estos hechos, los mismos tendrían una gravedad institucional inusitada. La denuncia es gravísima», consideró Romero, quien adelantó que está «trabajando con la SIDE y el área de inteligencia de Gendarmería Nacional».
Según consta en la denuncia, la seguidilla de crímenes se produjo luego del 16 de noviembre, cuando Stornelli adoptó medidas en la División Sustracción de Automotores, que agrupa a las plantas de verificación de vehículos, lo cual «habría cercenado ciertos negocios espurios que podrían haberse estado llevando a cabo». Para el titular del área de seguridad, esto «habría sido mal recibido» tanto por policías y civiles que fueron relevados de sus cargos.
De acuerdo con la interpretación del funcionario, hay «una intención encubierta de desestabilizar a la actual conducción del Ministerio de Seguridad o a la política del gobernador», quien le encomendó la erradicación de los robos de automotores, los cuales en general terminan en homicidios. Al respecto, denunció que como las maniobras no se podían seguir realizando se hizo «un reclutamiento de menores y mayores de edad en asentamientos de emergencia (bonaerenses), que habrían o estarían llevando a cabo presuntamente policías de la provincia de Buenos Aires, retirados o exonerados».
Según la presentación, los policías aseguran «una mentida protección (a los ladrones) y otros beneficios, entre ellos dinerarios» y «les encomendarían tareas delictivas, bajo patrones criminales comunes».
Stornelli explicó que esta información le llegó de distintas personas en forma anónima, pero todas «han sido coincidentes en su relato, lo cual le da real verosimilitud» a los hechos y que su conclusión es que hay «una organización tendiente a desestabilizar la actual gestión, mediante la perpetración de hechos de similar tenor que realzan la protesta social».
En un tramo de la presentación, Stornelli enumeró los crímenes cometidos tras los cambios en el área de Automotores y destacó que fueron «pergeñados» y «todas las víctimas fueron mujeres, con una exposición social importante, maestras o profesionales con múltiples contactos sociales». Mencionó los homicidios de la arquitecta y catequista Renata Toscano, en Quilmes; de la docente Sandra Almirón, en Derqui y de la bioquímica Ana María Castro, en Lanús Oeste, todas asesinadas por delincuentes jóvenes que las asaltaron cuando estaban a bordo de sus autos y les dispararon a quemarropa con presuntos fines de robo.

