Subas llegan al 280% en gas y hasta el 400% en el agua

El Gobierno dispuso un fuerte recorte de hasta el 80% en los subsidios a las tarifas de gas de todo el país, con excepción de la región patagónica, y de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento que presta servicio en Capital Federal y 17 partidos del conurbano. El aumento real en las facturas supera ampliamente el máximo del 80%, y va del 100% al 284% en gas, y del 170% al 406% en AySA, en el primer caso según el consumo y en el segundo según barrio o localidad.

La medida alcanza a hogares y comercios, pero no a la industria, siendo que la mayoría de los servicios ya habían pedido el subsidio a fines de 2011. El incremento también incluye al GNC para vehículos, que a partir del 1 de agosto tendrá como mínimo una suba del 48% sin considerar el margen de las estaciones de servicio.

La iniciativa oficial sorprendió porque está muy cerca de comenzar la época del año de mayor consumo de gas debido a las bajas temperaturas y porque reiteradamente tanto el jefe de Gabinete como el ministro Kicillof, dijeron que lo prioritario era salvar el desequilibrio entre lo que se paga por la electricidad en Capital y GBA en relación con las tarifas mucho más altas del interior. El titular de Economía también planteó a poco de asumir la necesidad de recortar subsidios a las empresas porque igual los costos de las industrias serían muy competitivos en relación con los otros países de la región.

Se puede suponer que un recorte en los subsidios a la energía vendrá en un tiempo breve o que primero el Gobierno tendrá que lograr un acuerdo con los gobernadores que autorizan subas en las tarifas al público, aunque las provincias están igualmente subsidiadas que Capital y GBA, y adeudan al Estado nacional el precio de la energía que distribuyen.

La reticencia a quitar subsidios a industrias parece en cambio relacionarse con la necesidad de evitar nuevos impactos en los precios de los productos de consumo masivo. Por otra parte, detrás de la alternativa adoptada hay una intención de que los usuarios ahorren gas de modo que la necesidad de importar ese producto se mantenga por lo menos en los niveles de 2013, para no afectar aún más el saldo de la balanza comercial.

Sobre los alcances de bolsillo del recorte de subsidios, por el momento no están las resoluciones que fundamentan los anuncios y sólo se cuenta con las estimaciones oficiales, de modo que es imposible verificar si está contemplado que una reducción de subsidios implica un aumento de lo que se paga por IVA y otros impuestos en cada factura.

Por otra parte, desde que en las facturas se cobra el costo del gas importado, que es el rubro sobre el que se aplica el subsidio, hasta ahora están todo el año exceptuados de pagarlo los usuarios residenciales que consumen hasta 1.000 metros cúbicos anuales, considerando la suma de metros cúbicos utilizados según las seis últimas facturas.

Asimismo, los hogares que utilizan entre 1.001 y 1.500 metros cúbicos anuales están exceptuados del costo del gas importado entre el 1 de mayo y el 30 de setiembre. Y los que usan entre 1.501 y más de 1.800 metros cúbicos anuales, tienen una bonificación del 100% del cargo entre junio y julio, y del 70% entre agosto y setiembre.

Por la forma en que fue presentado el impacto por el Gobierno, mostrando sólo el valor final y su variación en el tiempo, la impresión es que los descuentos de invierno ya no volverán a habilitarse con lo cual también es difícil medir el valor final de la factura para cada tipo de cliente.

La reducción de los subsidios se hará en tres etapas, de modo de repartir el efecto de la disminución en abril-mayo, junio-julio y por último agosto-setiembre, según la fecha de facturación de cada usuario. Aunque en este caso de entrada el Gobierno está admitiendo un fuerte impacto de bolsillo, no puede descartarse que las facturas reales de invierno terminen generando protestas del público.

Los exceptuados son relativamente muy pocos. Además de los usuarios residenciales de la Patagonia, están excluidos: las viviendas sociales, las construcciones desfavorables, los que demuestren enfermedades crónicas o discapacidades, los que tengan ingresos insuficientes, los que perciben un sueldo menor a $ 5.200 o asignación universal, así como asilos, geriátricos y comedores.

De este modo, la necesidad de recurrir el gasto en subsidio, de contener las importación de gas, y de no producir efecto inflacionario, pesó más que las mejores intenciones.

Aún con la Resolución 3.271 de la AFIP prometiendo mayor cruce de datos, se elimina del 20% al 80% del subsidio a inquilino igual que a propietarios, a usuarios lo mismo que a titulares, y a la enorme franja de asalariados que ganan entre $ 5.200 y $ 15.000, que es el límite actual para pagar el Impuesto a las Ganancias, cuarta categoría.