Sugestivo silencio de la UIA por YPF

José Ignacio de Mendiguren

La Unión Industrial Argentina (UIA) decidió ayer cancelar la reunión de su Comité Ejecutivo que estaba programada desde hacía quince días. El edificio de la central fabril en Avenida de Mayo permaneció desierto, salvo un brevísimo paso por allí de su presidente José Ignacio de Mendiguren. El resto de los miembros del Ejecutivo, avisados de que la miniasamblea no se realizaría, eligieron no ir.

La cancelación de esta reunión se enmarca, sin dudas, en el silencio que la mayoría de los principales empresarios y dirigentes empresariales del país eligieron como estrategia ante la reestatización e YPF: dado que tras cada encuentro de sus cuerpos orgánicos la UIA emite un comunicado, la única forma de evitar pronunciarse sobre esta cuestión más que espinosa fue no sesionar. Es que la UIA no podía decir que está de acuerdo con la expropiación de la principal empresa argentina, pero tampoco podía no emitir opinión ante un hecho de semejante envergadura. Se optó por el «silencio por default». La semana que viene toca que se reúna la Junta Directiva de la entidad, su cuerpo más numeroso.

La actitud de la UIA es el espejo en el que se mira la mayoría de las entidades empresarias y de los ejecutivos de las principales organizaciones del país: un silencio motivado por el temor a las posibles represalias que podrían sufrir en caso de pronunciarse en contra de la medida, pero también de ir contracorriente del apoyo que -al menos en esta primera etapa- logró la reestatización de la petrolera en la opinión pública.

Asamblea

Por caso, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), de la que la YPF privada era miembro pleno, está demasiado ocupada por estas horas preparando la asamblea en la que esta tarde sería reelecto Carlos de la Vega como presidente por un nuevo período. De todos modos, el dirigente no podría haber opinado de la expropiación de YPF aunque hubiera querido: De la Vega es el director más antiguo de la petrolera; representa desde su privatización a los accionistas independientes.

También -y seguramente por razones diferentes- AEA (Asociación Empresaria Argentina) decidió seguir en la cuasi clandestinidad que la caracteriza desde hace al menos un semestre. Pese a que esa entidad -en la que están los principales empresarios del país a título individual- siempre hizo una profesión de fe la defensa de la propiedad privada, no hubo comunicados ni declaraciones a favor de la petrolera.

Cabe recordar, además que Antonio Gomis Sáez, uno de los directores desplazados el lunes por la intervención estatal, es (¿era?) miembro pleno de la entidad que preside Jaime Campos. Otro tema a tener en cuenta es que uno de los miembros impulsores de AEA es Paolo Rocca, accionista principal del Grupo Techint, que tras un año de dura pelea con el Gobierno, a fines del año pasado firmó la paz en una reunión con la propia Presidente.

Hubo dos excepciones a este silencio generalizado: una fue la ADIMRA (los empresarios metalúrgicos), que se pronunció a favor de la expropiación de YPF. Hoy ADIMRA, en la que Techint tuviera fuerte influencia en el pasado, agrupa fundamentalmente a pymes y es presidida por el extitular de la UIA Juan Carlos Lascurain, uno de los empresarios más cercanos al Gobierno.

La otra excepción a esta «ley del silencio» la constituyó la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa). En un comunicado suscripto por su presidente Osvaldo Cornide -un conocido desarrollista- la entidad proclama que «hay que volver a Frondizi». Tras recordar que durante la presidencia de Arturo Frondizi «el total del petróleo extraído por las compañías era vendido a YPF y se logró el autoabastecimiento en tres años».