"A finales de este año llegaremos a la mitad de la legislatura, y si se puede me gustaría acabarla cuando toca, a finales de 2016. Digo si se puede", afirmó Mas al abrir en el Parlamento regional el debate sobre política general, la cita anual más importante en la Cámara de Barcelona.
Las condiciones para acabar la legislatura son que haya referendo y que se haga con todas las garantías democráticas, dijo.
Con esas palabras de Mas anticipando un posible adelanto electoral, Cataluña entró ayer en una semana clave para la pulseada secesionista que el Gobierno regional mantiene con el de Rajoy.
Escocia vota el jueves sobre su independencia y el secesionismo catalán confía en sacar réditos de una victoria del Sí: la Unión Europea tendría que pronunciarse y los independentistas catalanes creen que puede servir de precedente para su caso, aunque el de Escocia es un referendo acordado entre la región y el Gobierno británico, lo que no ocurre con Cataluña y España.
Un día después de la votación escocesa, el Parlamento catalán aprobará la ley de consultas con la que Mas quiere avalar el referendo de noviembre. El Gobierno de Rajoy la impugnará inmediatamente ante el Tribunal Constitucional, que con sólo admitir el recurso la dejará en suspenso.
Suspendida la ley, Mas tendrá que tomar una decisión trascendental: sacar las urnas pese al veto, como le pide un sector político y social que llama a la desobediencia civil, o no celebrar el referendo para cumplir la ley y anticipar los comicios de 2016 a modo de elecciones plebiscitarias.
En caso de celebrar la consulta sin permiso del Gobierno español, podría enfrentar un proceso penal en el que podría ser condenado a hasta 15 años de prisión.
"El final de 2014 marcará un antes y un después en la historia de Cataluña", dijo ayer el dirigente en el Parlamento de Cataluña, región de 7,6 millones de habitantes y, económicamente, una de las más fuertes de España, pero también de las más endeudadas.
La semana pasada, cientos de miles de personas reclamaron el referendo y la independencia en una manifestación histórica en Barcelona en el Día de la Diada, la fiesta oficial catalana. Es el tercer año consecutivo en el que el independentismo catalán hace una demostración de fuerza semejante.
El proceso independentista ha sufrido uno de los mayores golpes con el escándalo en torno del exjefe del Ejecutivo catalán Jordi Pujol, el padre político de Artur Mas. El que fuera presidente catalán durante 23 años tuvo durante 34 años cuentas secretas en paraísos fiscales con una fortuna.
El escándalo no sólo salpica a Pujol, sino también a su familia. Su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, declaró ayer en la Audiencia Nacional española por un presunto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. La prensa española destacó ayer que uno de sus hermanos, Oleguer Pujol Ferrusola compró más de mil oficinas del Banco Santander con 2.177 millones de euros cuando tenía 35 años.
El propio Jordi Pujol tendrá que dar explicaciones la semana que viene en el Parlamento catalán sobre el fraude fiscal cometido durante más de tres décadas, tal y como él mismo reconoció hace unas semanas.
| Agencia DPA |
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