Para la fiscalía, está cerrada la etapa de investigación, por lo que los acusados están en condiciones de ser enjuiciados. Bonadio consultará a las defensas, previo a definir.
Croacia. Cristina de Kirchner anunció a la Justicia -en tono político- que suspendía un viaje familiar a Croacia (junto a su hija) en virtud de la situación de la difusión de las escuchas que la tuvieron como protagonista y sobre las que denunció “persecución”.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer que se envíe a juicio oral y público la causa en la que se investigan las maniobras de venta de "dólar futuro" en la que está procesada la expresidente Cristina de Kirchner, entre otros acusados como el exministro de Economía Axel Kicillof y el extitular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli y otras 12 personas.
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En un dictamen de más de 100 carillas que ya tenía preparado desde hace días, el fiscal Taiano pidió al juez Bonadio que eleve el caso a debate, ya que la instrucción está concluida. El pronunciamiento del fiscal es el paso previo a que el magistrado resuelva enviar a juicio a la expresidente, lo que se aguardará en los próximos días. Ahora el magistrado deberá pedirles opinión a las defensas de Cristina y del resto de los acusados, quienes podrán oponerse a ser enviados a juicio oral o plantear nulidades. Luego, Bonadio quedará en condiciones de enviar el expediente a juicio oral. A ello le sucederá un sorteo del tribunal interviniente y la fecha tentativa de comienzo. Las apelaciones de los procesados que están en la Cámara Federal de Casación Penal no detienen el trámite de elevación que puede ser cumplido por vía separada.
Cristina de Kirchner fue procesada por el juez Claudio Bonadio, y la misma defensa reclamó un juicio oral rápido y por un tribunal imparcial cuando desistió de apelar la medida dictada por el magistrado por el delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública".
Además de Cristina, están procesados Kicillof, Vanoli, y otros 12 funcionarios kirchneristas, en el marco de la causa que investiga los supuestos perjuicios generados al Estado por la venta de contratos de dólar futuro en los últimos meses del kirchnerismo.
Para la Justicia la exmandataria "hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas". Pero para la defensa, Bonadío y los camaristas de la Sala II perdieron la imparcialidad a la hora de determinar si los hechos constituían o no un delito, algo que fue debatido y cuestionado por reconocidos especialistas, muchos de los cuales concluyeron que no hay maniobra delictiva en los hechos investigados. "Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de u$s5.000 millones a u$s17.000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional", sostuvo Bonadio sobre Cristina el 13 de mayo, en lo que constituyó el primer procesamiento para la expresidente.
El caso del "dólar futuro" no es un caso de corrupción, no hay acusación de enriquecimiento por parte de exfuncionarios, sino que se trata de una decisión política económica. Pero la cuestión es, según reconocieron economistas, que la supuesta ganancia irregular se concretó tras la devaluación dispuesta por el actual Gobierno. Por eso se inició la causa dólar futuro II, por la que ayer estaba citado como testigo Alfonso Prat Gay.
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