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También Buenos Aires quiere evitar amarre de buques británicos
La iniciativa se dio casi al mismo tiempo que Cristina de Kirchner renovaba en Nueva York, ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el reclamo a Gran Bretaña por la soberanía argentina sobre las islas.
Se trata de una restricción que ya rige en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro.
El proyecto -cuya autoría pertenece a Patricia Cubría (Frente para la Victoria) y que ya fue enviado al Senado- estipula, además, que la medida alcanzará también a barcos de otras banderas, que amarren y hagan actividad de logística o de índole militar junto a naves británicas.
En la sesión, que fue presidida por Horacio González, Cubría se encargó de fundamentar el texto, ante aplausos y banderas de apoyo desplegadas en los palcos por excombatientes y por miembros de organizaciones sociales.
«Esta ley es una herramienta para seguir avanzando paso a paso en la pelea por la soberanía y los recursos naturales en las islas Malvinas», afirmó la legisladora.
Según Cubría, el proyecto fue denominado Gaucho Rivero «no sólo porque peleó por nuestra soberanía y porque nuestra bandera flamee en las islas Malvinas, sino que también dio la pelea por la explotación que sufrían los gauchos en las islas».
Rivero fue un peón de campo que en 1833 izó la bandera argentina por sobre la británica, tras la usurpación de enero de aquel año.
Las restricciones a los buques británicos ya rigen en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro.
En la isla, la medida generó fuerte polémica, tras su sanción en agosto de 2011.
Allí el Gobierno de la exarista Fabiana Ríos prohibió en febrero pasado que amarren dos cruceros turísticos ingleses, propiedad de la empresa Carnival Corporation, con capacidad para cerca de 5.000 pasajeros.
La decisión provocó el malestar de la Cámara de Turismo local, que consideró que este tipo de embarcaciones no deben verse afectadas por el tema de las islas.
En ese contexto, el ministerio británico de Relaciones Exteriores se mostró «muy preocupado» por ese rechazo argentino. «No puede haber ninguna justificación para interferir en un comercio libre y legítimo», declaró un portavoz.
La aplicación de la también denominada ley «Gaucho Rivero» desató cuestionamiento, porque estaba pensada para barcos que realicen «tareas relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales, o a buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina». Sin embargo, en esa oportunidad los funcionarios interpretaron que se debe incluir a la actividad turística.
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