También llega ya a otras provincias la necesidad de ajuste

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El estallido santacruceño es la expresión violenta del malestar que comienza a instalarse lentamente en otras provincias, donde los gobernadores impulsan también diversos proyectos de ley para reducir el gasto público en 2012, atentos a las dificultades fiscales que se esperan.

El caso de Santa Cruz es, si se quiere, la primera embestida de los gremios contra una iniciativa polémica y riesgosa, especialmente si se tiene en cuenta que uno de los principales sectores que resultarían alcanzados por el ajuste sería el de los jubilados, una pata sensible de la sociedad.

Los tibios festejos de los mandatarios, tras la firma el miércoles de la ampliación de la tregua para el pago de los vencimientos de deuda, tienen explicación. La postergación hasta 2013 de los compromisos por $ 13.621 millones no resulta suficiente para equilibrar un problema fiscal de fondo que, por caso, ya encuentra a las provincias con un déficit del orden de los $ 11.500 millones y con importantes restricciones en el acceso al crédito internacional producto de la crisis global.

Condicionamientos

En el plano local también sobran los condicionamientos: el ritmo inflacionario, la demanda de aumentos salariales y las dificultades para hacer frente a la obra pública debido al aumento de los costos se convierten en un cóctel difícil de digerir.

Frente a este escenario, la mayoría de los gobernadores estableció una pauta de gasto 2012 atada a la expectativa de reforzar los ingresos propios (vía leyes de suba impositiva), y con austeras proyecciones.

Hay casos particulares: en Mendoza, por ejemplo, el Gobierno de Francisco Pérez heredó de su antecesor, Celso Jaque, un déficit cercano a los $ 2.000 millones y por estas horas busca que la Legislatura le apruebe un paquete de normas tendientes a conseguir más fondos para poder compensar ese desequilibrio. Y allí también, precisamente, la necesidad de reducir el gasto público se convirtió en una decisión oficial de congelar ascensos, nombramientos, contratos y horas extra al menos durante los tres primeros meses del año que vienen, pero con la posibilidad de prorrogar tal decisión al resto del año.

Protestas

En idéntico sentido avanzó ayer el Gobierno de Río Negro, que encabeza ahora el justicialista Carlos Soria. En medio de fuertes protestas por parte de los gremios estatales, la Legislatura local sancionó la Ley de Emergencia Institucional Económica, Financiera, Administrativa y Social para todo el territorio provincial que, entre otras cosas, pone en disponibilidad a unos 20.000 empleados públicos. La oposición calificó la medida de inconstitucional. El instrumento le sirve al Gobierno para analizar caso por caso a los agentes que ingresaron políticamente en la Administración Pública provincial como pagos políticos por parte del radicalismo que gobernó desde 1983 hasta el último 10 de diciembre. Río Negro tiene unos 47.000 empleados y una deuda de $ 3.900 millones que le ha provocado gravísimos trastornos en la atención de los servicios básicos, como salud, educación, seguridad y desarrollo social. En ese cuadro, la obra social de los estatales se encuentra quebrada.

No son, sin embargo, los únicos dos casos. Con matices, los Gobiernos de Córdoba, Jujuy, Neuquén y Chaco también encararán el próximo año con una política de fuerte reducción del gasto público. Misiones, que se preparaba para imitarlas, reconoció esta semana que la tregua en el plan de deudas le permitirá -al menos en el corto plazo- esquivar esa decisión.

Con la colaboración de Hugo Morales (Agencia Neuquén-Río Negro)

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