Tan secreto que nadie lo conocía

El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; el juez Eugenio Zaffaroni y Mauricio Macri, ayer durante una charla que brindó el integrante de la Corte a la Policía Metropolitana.

El caso de las escuchas telefónicas que mantiene detenido a un ex contratado del Gobierno de la Ciudad sumó ayer la declaración judicial del ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, sobre quien fracasó un pedido de interpelación que animaban los opositores al PRO. En cambio, prosperó otra petición para que el miércoles próximo se debata en el recinto de la Legislatura porteña la interpelación, pero al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.

En la Justicia se estudian ahora cruces telefónicos y por el momento no habría más funcionarios porteños citados a declarar.

Narodowski trató de explicarle ayer al juez Norberto Oyarbide qué actividad realizaba en su área Ciro James, quien está imputado y detenido en la causa por presunto espionaje que inició el dirigente de la AMIA Sergio Burstein.

El funcionario de Mauricio Macri fue citado por el magistrado en relación con el contrato de empleo que mantenía James en la cartera educativa hasta hace diez días.

«No me queda claro cómo llegó», habría dicho el ministro en la audiencia al referirse a quién contrató al abogado, que además se desempeñaba en la Policía Federal, puesto al que habría renunciado para ingresar a la Policía porteña, que promete debutar este mes.

Narodowski reconoció la relación laboral que había sido revelada cuando en un allanamiento en el domicilio del imputado se secuestraron los contratos con el Gobierno porteño. De acuerdo con el ministro, James era un abogado con sistema de empleo externo, es decir no cumplía horario, y estaba dentro del plantel de asesores que suma a unas 400 personas. Dijo también que primero se había desempeñado bajo la órbita de la auditoría interna de docentes, a cargo de Roberto Ayub, y luego como asesor de su jefa de Gabinete, Roxana Barroso. En su declaración, Ayub dijo que James reportaba a Barroso, y la funcionaria admitió que la asesoraba en temas puntuales, por teléfono o por mail. Como jefa de Gabinete de Educación, Barroso tiene conocimiento de todo aquello que debe firmar el ministro, ya que, según comentó en su declaración judicial, todo pasa primero por su vista. Según fuentes relacionadas con la investigación, James finalmente «sería un ñoqui», es decir, cobraría sin realizar trabajos. Por eso en el juzgado le preguntaron a Narodowski si el sospechoso había firmado auditorías. «No, porque tenía un contrato de locación de servicios y en esa situación no pueden firmar», dijo el ministro.

Contradicciones

Al margen de las contradicciones entre los funcionarios (a su turno, el jefe de personal de Educación indicó que era Ayub quien podría explicar la tarea de James), en el juzgado por ahora no tienen prevista la citación a otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Según el propio James, renunció al cargo en Educación y al de la Policía Federal por tener asegurado un cargo en la Policía porteña. El jefe de esa fuerza, Osvaldo Chamorro, admitió esa circunstancia cuando declaró en la causa, aunque advirtió que el ministro Montenegro no estaba al tanto. En la investigación se intenta encontrar un nexo entre James y el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge «Fino» Palacios, a partir de la denuncia de Burstein sobre un llamado anónimo que lo alertó diciéndole que su teléfono estaba intervenido por el entonces funcionario. La Justicia comprobó que la pinchadura había sido ordenada por un juez de Misiones, aparentemente a través de James.

Oyarbide ya determinó el entrecruzamiento de teléfonos y también aseguró que son más las víctimas de las pinchaduras que, bajo cobertura legal, ordenadas por el juez de Misiones, fueron realizadas con supuestos fines de espionaje que se le atribuyen a James.

Ayer también el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó explicaciones, pero ante las radios, sobre el trabajo del presunto espía. El funcionario dijo que «es un tema que hay que preguntarle a la gente que lo contrató. Por lo que sé, fue propuesto por un auditor interno», aludiendo a Ayub. Remarcó también que era «abogado externo» del Ministerio de Educación y que «el problema en la Justicia saltó hace dos semanas y el contrato en el Ministerio es de un año y medio. No tenía causas en ese momento».

Burstein consideró que el jefe de Gobierno «es el responsable de que este señor haya trabajado» en el área de Educación y sostuvo que «no se puede hacer el distraído».

Oyarbide, en declaraciones radiales, anticipó que en el expediente habrá otras «revelaciones».