DESEMPLEO. El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 destruyó millones de puestos de trabajo y desde entonces el desempleo no dejó de aumentar casi sin interrupción, alcanzando en el tercer trimestre de 2011 un 21,52%, su nivel más alto desde 1996 y un récord entre los países industrializados. Casi cinco millones de personas están desempleadas en España.
Algunas de las cifras son alarmantes: casi uno de cada dos jóvenes de entre 16 y 24 años (45,8%) no tiene trabajo y son 1,43 millón los hogares en los que todos los miembros están desempleados.
CRECIMIENTO. Tras un retroceso del 3,7% en 2009 y del 0,1% en 2010, la economía creció muy débilmente en el primer trimestre (0,4%) y en el segundo (0,2%) antes de caer a cero en el tercero. En términos interanuales, la progresión es sólo del 0,8%, dato que frente al actual estancamiento debería mantenerse como crecimiento anual para 2011, reconoció el Gobierno, que hasta recientemente preveía que la economía creciera un 1,3% este año. Los analistas predicen que el país volverá a caer en la recesión a principios de 2012,
DÉFICIT. El país emprendió un exigente programa de reducción del déficit público, que en 2009 alcanzó el 11,1% y en 2010 un 9,3%. El objetivo para este año es reducirlo al 6% y posteriormente al 4,4% en 2012 y el 3% en 2013.
Pero los Gobiernos regionales (Comunidades Autónomas) amenazan esta trayectoria debido a sus elevados niveles de déficit y deuda públicos.
Cada año de déficit se suma a la deuda pública, que ya asciende al 65,2% del PBI.
A esto se agrega una enorme deuda privada, heredada de la burbuja inmobiliaria: en 2010, según el FMI, los hogares españoles acumulaban una deuda bruta equivalente al 90% del PBI y las empresas, el 205%.
BANCOS. El sector bancario, en particular las cajas de ahorros regionales, es una fuente recurrente de preocupación en los mercados. También sufre las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria. Después de haber prestado generosamente tanto a promotores inmobiliarios como a hogares, los bancos se encuentran con 176.000 millones de euros de créditos problemáticos y con numerosos edificios y terrenos confiscados por falta de pago.
Para tranquilizar a los mercados, España lleva a cabo un vasto plan de reestructuración del sector, al que impuso mayores porcentajes de solvencia.
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