13 de julio 2016 - 00:00

Temen nueva saturación de cárceles

Endurecimiento por ley de la prisión preventiva en la provincia, amenaza con colapsar los penales provinciales. El Gobierno local apura refacción y construcción de unidades para contrarrestar graves deficiencias del sistema.

CRISIS. El titular del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, reconoció la debilidad del sistema y garantizó mejoras.
CRISIS. El titular del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, reconoció la debilidad del sistema y garantizó mejoras.
 La crisis del sistema carcelario provincial sumará próximamente un nuevo conflicto ante la falta de espacio en los penales para el alojamiento de los presos tras el endurecimiento de la prisión preventiva, sancionada días atrás por la Legislatura mendocina.

Actualmente hay 3.100 plazas carcelarias y son 3.900 los presos alojados, por lo que la superpoblación es ya de 800 internos. Como respuesta a esta debilidad, el Gobierno de Alfredo Cornejo confirmó que el endeudamiento de 90 millones de dólares aprobado el mes pasado por el parlamento local será destinado a la refacción de las penitenciarías y la ampliación de la cárcel de San Rafael. En tanto, se esperanzan con la pronta culminación de la cárcel federal de Cacheuta, que descomprimiría las unidades provinciales en cerca de 500 reos.

El panorama es complejo. A la falta de espacio se suman las denunciadas condiciones en las que se encuentra la mayoría de los penales mendocinos, producto de una larga herencia de abandono oficial que la administración de Cornejo intenta domar por estos días.

Por caso, ante la difusión de un informe sobre las deficientes condiciones de detención, e l titular del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, negó, por ejemplo, que en el Penal de Almafuerte se usen jaulones al aire libre para alojar detenidos. Fue luego de que la Justicia de la provincia hiciera lugar a un hábeas corpus presentado por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que denunció esa irregular situación tras una inspección realizada en junio.

Entre las medidas dispuestas por la titular del Segundo Juzgado de Ejecución Penal de Mendoza, Mariana Gardey Merino, se encuentra la prohibición de utilizar como hábitat de alojamiento los "jaulones" ubicados en la entrada del Módulo V.

"Negamos enfáticamente que esos jaulones de los que están apareciendo fotos (en los medios de comunicación), sean un lugar de alojamiento de personas" y aclaró que sí se usan como "espacio de recreación, en el caso de que la persona desee ir a ese lugar ante el temor de algún conflicto con otro interno", dijo Orellana.

"La cárcel de Almafuerte está en la alta montaña de Mendoza, donde hoy la temperatura ha sido de dos grados bajo cero, no podríamos bajo ningún concepto tener personas alojadas ahí y porque principalmente nosotros no tenemos esa política", añadió el titular del servicio penitenciario de Mendoza.

"Son espacios de recreación cerrados, los mismos datan de un año y medio de existencia y la jueza de ejecución que dio lugar al habeas corpus esta notificada de estos jaulones y nunca los había objetado", agregó el funcionario penitenciario.

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