Barcelona y Madrid - Una vía lleva al diálogo, la otra a un choque de consecuencias imprevisibles. La crisis institucional más grave de las últimas décadas en España vivirá su semana decisiva a partir de hoy, plazo fijado por Madrid al Gobierno de Cataluña para que responda si declaró o no la independencia.
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Buena parte de la prensa y fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy creen que el jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, confirmará la ruptura con España, precipitando así una intervención sin precedentes del Estado en la región. Pero tampoco se descarta una marcha atrás en el plan secesionista para abrirse al diálogo o convocar elecciones.
En medio de la expectativa ante una semana que podría ser histórica, Puigdemont evitó ayer dar indicios sobre su respuesta y se limitó a prometer que se basará en valores "cívicos y democráticos" en las "horas difíciles y a la vez esperanzadas que vive Cataluña".
"Queremos reiterar nuestro compromiso con la paz, el civismo, la serenidad y también la firmeza y la democracia como inspiradores de las decisiones que hemos de tomar", dijo durante un acto público en Barcelona en homenaje al aniversario de la muerte de Lluis Companys, el presidente catalán que en 1934 proclamó una República sofocada con sangre después de once horas por Madrid. Fue fusilado por los franquistas el 11 de octubre de 1940.
El dirigente anunció la independencia de Cataluña el martes en el "Parlament" regional, pero la suspendió para pedir diálogo con Madrid: un escenario confuso que refleja las presiones cruzadas que afronta. Al día siguiente, Rajoy le dio plazo hasta hoy para aclarar si declaró o no la independencia.
Si Puigdemont confirma la declaración o no responde al requerimiento, tendrá un nuevo plazo hasta el jueves para volver a la legalidad. Si no lo hace, el presidente aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite forzar a una región a cumplir con sus obligaciones adoptando las "medidas necesarias" e intervenir o suspender a sus autoridades.
Sería la primera vez en la historia que España activa ese artículo, comparado con una "bomba atómica" por fuentes del Tribunal Constitucional citadas en el diario El Mundo.
La intervención del Estado en una región, decisión traumática en uno de los países más descentralizados de Europa que Rajoy preferiría no tomar, puede pasar por reemplazar el Gobierno de Puigdemont con un equipo de transición y convocar elecciones regionales. Pero la falta de precedentes con el 155 vuelve impredecible la situación.
"La CUP pide, suplica, exige un pleno donde se declare la República", dijo ayer la diputada Gabriela Serra. La formación de izquierda viene amenazando con retirarse del "Parlament" si no hay independencia, lo que podría dejar sin apoyo a Puigdemont y forzar un adelanto de elecciones.
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