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Trama de espías en robo de armas: un detenido
Oscar Aguad
El único detenido desde que se conoció el saqueo a la sala de armas del Grupo de Guerra Electrónica, dependencia del Comando de Operaciones Aéreas a cargo del brigadier Juan Macaya ubicada en el Aeroparque metropolitano, es el soldado Sebastián Ibáñez.
La pesquisa dio con varios indicios que convencieron al magistrado sobre la responsabilidad de Ibáñez en el robo de armas. Luego del procedimiento y tras tomarle declaración indagatoria, al cabo de tres días Oyarbide dispuso su liberación.
Testimonio
La pista para llegar a Ibáñez la habría dado otro sol-dado, quien dijo haber visto caerse de la mochila que portaba el detenido partes de un fusil, un cargador; se habría comprobado además que Ibáñez tenía una llave del acceso a la sala de armas saqueada.
Esa es la historia oficial, pero se sabe que cuando se conoció el faltante de pistolas 9 mm, ametralladoras Ingram y fusiles FAL (los preferidos por las bandas que asaltan camiones de caudales) hubo una investigación interna -al margen de la Justicia- conducida por el jefe de Inteligencia del arma, brigadier Rodolfo Centurión, quien respondía a órdenes del subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier Raúl Acosta, con el propósito de reunir datos sobre el hecho delictivo.
Sospechosos
La actividad se cumplió con interrogatorios que habrían excedido los límites de severidad. Los sospechados, un soldado voluntario y dos suboficiales más un alférez que estaba a cargo de la sala de armas, fueron privados de la libertad durante casi 72 horas sin que medie orden judicial. Según la investigación, habrían actuado en el procedimiento 30 o 40 personas de civil, algunas portaban armas, que mantuvieron aislados en cuartos separados a los sospechosos sin dejarlos dormir y cada hora los habían sometido a nuevos interrogatorios.
Los detalles llegaron en un correo electrónico (no se pudo confirmar si lo redactó el detenido Ibáñez) al despacho de Nilda Garré, y la jefa castrense dio instrucciones a Ileana Arduino, de la Dirección de Derechos Humanos del ministerio, para constatar la veracidad de la presunta violación de los derechos humanos del personal de la sala de armas.
Arduino había estado presente en todos los procedimientos que llevó a cabo el oficial sumariante -un comodoro-, rol que le está vedado, ya que sólo el instructor tiene esa potestad conforme lo establece el Sistema de Justicia Militar.
Las acciones emprendidas por el jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea se investigan a la luz de la Ley Nº 25.520, cuyo artículo 4º dice: «Ningún organismo de inteligencia podrá: realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley».
Reunión
La presión política opositora de los diputados Oscar Aguad y Julio Martínez generó una reunión multidisciplinaria en el edificio Libertador que tuvo lugar el 21 de septiembre a las 19, la encabezó Garré y la acompañaron Ileana Arduino, el director de Inteligencia Estratégica del ministerio, Carlos Aguilar (quien renunció tres días más tarde), el subjefe de la Fuerza Aérea, brigadier Raúl Acosta, y el jefe de Inteligencia del Ejército, general César Milani.
De allí salió el relato oficial para enfrentar cuestionamientos a la participación de la inteligencia de la Fuerza Aérea en los hechos del robo de armas: los hombres de inteligencia pueden actuar ante esos sucesos con el propósito de detectar fallas en la seguridad y vulnerabilidades en los establecimientos militares.
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