Traspaso de delitos enfrenta a PRO y FpV

Daniel Filmus

En medio de la puja entre la Ciudad y Nación por las tomas de viviendas en Villa Soldati, comenzó ayer en el Congreso una nueva batalla entre el macrismo y el kirchnerismo para transferir todas las competencias penales al Gobierno porteño. Fue en la primera reunión de trabajo de la Comisión Bicameral Ciudad de Buenos Aires que preside el oficialista Daniel Filmus donde participaron el presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Horacio Corti; el consejero Julio Di Giovanni; y el secretario de Políticas Judiciales de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcelo Vázquez.

Con dos convenios de transferencia de competencias ya aprobados por el Congreso, ahora se debate sobre el traspaso de 27 delitos a manos de los jueces penales y contravencionales porteños. El proyecto incluye el envío de recursos para evitar la duplicidad de gastos, aunque para ello se deberán poner de acuerdo entre Nación y Ciudad. El total de fondos estimados por la administración de Macri roza los 170 millones de pesos, aunque Cristina de Kirchner todavía no autorizó esa transferencia a las arcas PRO.

El proyecto prevé que la Justicia porteña se ocupe de delitos como lesiones, duelo, delitos relacionados con el abuso de armas, violación de domicilio, incendio, actos discriminatorios y delitos en el ámbito del deporte; atentado y resistencia contra la autoridad, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, prevaricato y falsificación de documentos. Así como delitos cometidos por funcionarios públicos y los miembros de la administración porteña.

Advertencia

Sonia Escudero, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, había advertido que «la transferencia de competencias para juzgar los delitos incluidos en el proyecto implica que la Justicia Penal de la Ciudad deberá instruir aproximadamente treinta mil nuevas causas por año».

La bicameral presidida por Filmus abrió el debate con la exposición de Corti, quien sostuvo que es esencial la transferencia de la Justicia y consideró que «es necesario reafirmar esa necesidad y ver si se puede hacer de manera progresiva o inmediata». El proyecto en danza fija un plazo de dos años para concretar el traspaso de las competencias penales pendientes.

Destacable

Por su parte, Di Giovanni consideró que el hecho de que «se involucre el Congreso es eficiente y destacable», pero señaló que los convenios que se venían firmando para avanzar en este tema «dilataron» la transferencia de competencias. En este sentido, destacó el proyecto de Filmus para traspasar competencias penales a la Ciudad, que recibió sanción de la Cámara alta y fue girado a Diputados, donde aguarda tratamiento.

La diputada radical y miembro de la comisión Silvana Giudici consideró que es «innegable la necesidad de transferencia de la Justicia al ámbito de la Ciudad» y afirmó: «Estamos para avanzar con el proyecto de Filmus». En tanto, la vicepresidenta de la comisión, la diputada del PRO Gladys González, aseguró que desde la Ciudad se hicieron cálculos unilaterales, porque el Gobierno porteño designó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, para trabajar en el traspaso, pero «el Ejecutivo nacional todavía no nombró a la persona para encargarse de eso». Por ello, antes de finalizar la reunión, Filmus se comprometió a pedir «informes al Ejecutivo nacional». Del cónclave participaron, además, los diputados Carlos Heller y Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro, y Fernanda Reyes, de la Coalición Cívica.

No fue la única actividad en el Congreso antes de la parálisis por el feriado del Día de la Memoria. Margarita Stolbizer presentó un pedido de interpelación al ministro de Economía, Amado Boudou, y la UCR presentó a través del senador Gerardo Morales y del diputado Gustavo Serebrinsky un proyecto de ley para someter los fondos sindicales al control de la Auditoría General de la Nación.