Trenes: prevenir riesgo, mercado y el rol estatal

Marcos Gallacher

Reducir el riesgo de que ocurran tragedias como la reciente ferroviaria, o la anterior en el local de Cromañón, exige múltiples medidas. Cómo se complementa el accionar público con el privado constituye un punto importante a analizar. Al respecto, algunos observadores argumentan que toda solución debe venir del Estado: es el Estado quien debe operar los ferrocarriles y diseñar y administrar hasta el mínimo detalle los sistemas de control y prevención. Según estos observadores, es el funcionario público el único en que se puede confiar para cuidar el «interés general».

Lo anterior no es cierto. Al respecto existen sobradas evidencias de comportamiento irresponsable por parte de funcionarios públicos, así como también de empleados privados. El funcionario de una repartición pública encargado de controlar la seguridad con la que se presta un servicio o se realiza una actividad comercial está sujeto -al igual que un empleado de una empresa- a errores y tentaciones de diverso tipo. El problema en todo caso es la información y los incentivos con que se actúa.

En lo relativo a siniestros como los ocurridos recientemente, existen mecanismos privados que resultan en un importante complemento al accionar directo del Estado. El mercado de seguros es uno de ellos.

Toda acción que suponga riesgo potencial contra la vida o la propiedad de terceros debería llevarse a cabo sólo cuando la empresa que la realiza está generosamente cubierta por siniestros que eventualmente pueda causar. Algunos pensarán que esto sólo resuelve el problema de compensar a las eventuales víctimas o a sus familiares, pero no a prevenir que los siniestros ocurran. Los que piensan así están equivocados.

En efecto, las empresas aseguradoras y reaseguradoras tienen un fuerte incentivo para auditar los riesgos a los cuales están sujetos sus clientes. En general la «calidad» de las auditorías realizadas por empresas aseguradoras resulta mucho mayor que las realizadas por organismos burocráticos. Reaseguradoras como Munich Re, o Swiss Re difícilmente hubieran dejado pasar condiciones como las que dieron lugar a algunas de las tragedias que hemos vivido. La razón es simple: dejar pasar factores de riesgo de sus clientes implica para ellas pérdidas potenciales millonarias.

La historia económica muestra abundantes ejemplos de mejoras en seguridad que resultaron en parte del accionar de las empresas aseguradoras. En el caso de la navegación marítima, los Lloyds Scantling Rules constituyen las normas de ingeniería más utilizadas para la construcción de buques. Estas normas (u otras derivadas de ellas) son condición necesaria para poder acceder a cierto tipo de seguros. Estas normas surgieron de la experiencia de la empresa aseguradora británica Lloyds, y no de ninguna organización pública. Los incentivos de mercado fueron un importante factor en el aumento de la seguridad del transporte marítimo.

Los análisis de riesgo y auditorías realizadas por empresas aseguradoras tienen en general mayor independencia de factores políticos y mayor integridad técnica que las realizadas por funcionarios anónimos inmersos en la burocracia pública. Esto ocurre pues las empresas aseguradoras internalizan en forma directa todo error en lo relativo a evaluación de riesgos, cosa que no puede decirse de aquellos que actúan desde la función pública, donde la negociación, el toma y daca y el ocultamiento son cosa de todos los días. La acción del Estado debe aprovechar todos los mecanismos disponibles para la reducción de riesgos. Poner fuertes exigencias en cuanto a cobertura de riesgos por parte de empresas y otras organizaciones es un primer paso para ello.

(*) Profesor de la Universidad del CEMA.