Tres de cada cuatro empleos en el campo son “informales”

El sector rural registra una «masiva informalidad» laboral, que mantiene a tres de cada cuatro trabajadores «en negro» en una población total de 3,4 millones de personas según el Censo 2010. Así lo indicó un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el cual puso en duda la eficacia de la creación de un régimen previsional especial para la actividad rural que se está tratando en el Congreso.

El pleno de la Cámara alta aprobó la semana pasada en el recinto un proyecto de ley que establece, entre otras cosas, que «los trabajadores rurales y aquellos que realicen tareas agropecuarias en la agroindustria gocen de un régimen previsional diferencial». El sistema establece que los trabajadores puedan acceder a la jubilación ordinaria cuando alcancen los 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional. Asimismo, se obliga a las empresas más grandes, como las exportadoras, a abonar un 3% más de contribuciones patronales.

Según el Censo 2010, la población total de la Argentina se estima en 40,1 millones de habitantes, de los cuales 3,4 millones de personas habitan zonas rurales. Estimando una tasa de participación laboral en el orden del 40%, los trabajadores rurales serían aproximadamente 1,3 millón de personas.

La cantidad de trabajadores asalariados registrados en el sector rural asciende a 335 mil personas, o sea, sólo el 25% del total de trabajadores rurales. Sobre la base de esta información de fuentes oficiales se deduce que los trabajadores rurales que acceden a la cobertura de la seguridad social y serían los beneficiarios directos del régimen especial «constituyen una minoría», dijo IDESA. De cada cuatro trabajadores, tres van a quedar excluidos porque trabajan «en negro» u, ocasionalmente, son cuentapropistas con aportes intermitentes.

Según datos de la AFIP, los 335.000 trabajadores «en blanco» reciben una remuneración promedio de $ 2.500 mensuales, un nivel que casi duplica el que percibe un trabajador «en negro» urbano y seguramente también es más alto que los ingresos que recibe la mayoría de los trabajadores informales rurales. «El proyecto de ley intenta atender la realidad de que su eficacia es muy baja debido a la masiva informalidad en el sector rural», opinó IDESA. Para ello, establece una «moratoria previsional permanente», similar a la denominada «jubilación de amas de casa». A través de este dispositivo se propone eximir de la obligación de realizar aportes para acceder a la jubilación especial a las personas que declaren haber realizados trabajos rurales informales. «La idea implica asumir con resignación la masiva informalidad laboral y agrega un nuevo nicho para la corrupción y el negocio de los gestores», dice IDESA.