Un debate en el Congreso, el inicio del fin para "el topo"

Juan Carlos Pezoa

El 25 de marzo, cuando Amado Boudou concurrió a la Cámara de Diputados a explicar el uso de las reservas, comenzó el final del «Topo», tal como se lo conocía en la plaza local a Roberto Larosa. El ministro fue acompañado por el viceministro Roberto Feletti y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. En ese encuentro, el diputado Claudio Lozano sorprendió a los funcionarios del Palacio de Hacienda por el minucioso despliegue de datos sobre necesidades de financiamiento para 2010 y la ejecución del gasto público. Los funcionarios de línea de la Secretaría de Hacienda, al ser interrogados por la posible filtración, dieron luego la respuesta a esa minuciosidad: el accionar del «Topo». Luego entró en acción el registro de accesos al Palacio de Hacienda, en el que Larosa mostraba sugestivamente, el viernes anterior, un ingreso a las 19 y una salida a las 23 (casualmente ese registro pasó a la Policía Federal tras otro escándalo, el caso Greco, dado que estaba bajo la supervisión de Juan Cayetano Intelisano, ex director de Administración, luego procesado). El supuesto «Topo» volvió al lugar del crimen el viernes 16 pasado y fue detenido tras ingresar a la oficina del subsecretario Rigo (en principio no se encontraba al intruso y hasta se llegó a sospechar de que estaba en la cornisa del edificio, en el 4° piso).

Lo delicado del caso pasará por la lista de clientes del aparente espía, cuyo accionar y crecimiento ocurre en los 90. Hay que destacar que la Oficina de Crédito Público concentra toda la información relevante del Ministerio de Economía: tiene los gastos e ingresos que se concretan diariamente y las proyecciones de ambas variables. Usan datos (paradójicamente no del INDEK, porque si no, fracasarían en las estimaciones) del crecimiento y de la inflación esperada. De esa oficina se habría nutrido.

Compradores

Fuentes de la plaza local aseguraron a este diario que las filtraciones tendrían a dos grandes consultores como compradores, los que pagarían abonos mensuales por más de $ 4.000 por documentos con información. Tenían información más detallada. Luego, para el resto, habría una tarifa fija, del orden de los $ 1.000 aproximadamente. Esta información podría surgir de las computadoras capturadas en el domicilio de Larosa tras el allanamiento dispuesto ayer por el juez Claudio Bonadío. También podría haber complicaciones en un caso por un mensaje dejado en el contestador automático de Larosa, solicitando el envío de información permitida. Lo mismo podría surgir de la cuenta de correo electrónico que poseería bajo el proveedor Fibertel.

Otras fuentes consultadas por este diario aseguraban que en el pasado, Larosa podría haber conseguido información de los discos rígidos de las computadoras de funcionarios, con medidas a adoptarse en el corto plazo. Uno de los casos, de fines de los 90, habría sido el de las modificaciones impositivas en estudio por un jefe de Gabinete de Asesores que, pasaron a circular inmediatamente en la plaza local, por lo que luego esas medidas debieron ser frenadas o desmentidas. A partir de entonces, se hizo tradición en funcionarios guardar información en disquetes (luego en CD) sin dejar datos en las computadoras.

Otros casos habrían sido directamente el giro de información a otros ministros. Los posibles contratos temporarios de Larosa en el Gobierno de la Alianza probablemente estarían vinculados a esa eventual operación. No era extraño que un ministro oculte información a otra dependencia.

El diputado Lozano y Larosa elaboraron análisis y propuestas económicas en el sitio de internet de la Central de Trabajadores Argentinos. Desde 2006 figuran allí en el capítulo perteneciente al Instituto de Estudios y Formación de la CTA trabajos elaborados en forma conjunta. Al parecer, Larosa no sería economista, sino que contaría con el título de Administrador de Empresas y un curso de Investigación Operativa en la Fuerza Aérea. El último trabajo presentado fue en octubre de 2009 titulado «Propuesta alternativa para el Presupuesto 2010». Trascendió que la mirada del juez se centraría en la posibilidad de que haya habido uso de información privilegiada con los eventuales informes que surgían del Palacio de Hacienda, lo que dispuso el allanamiento del domicilio de Larosa anoche. No contaba con oficinas. También en los planes del magistrado está la posibilidad de que haya existido una red de contactos de Larosa en el Palacio de Hacienda con ramificaciones por descubrir.