14 de agosto 2009 - 00:00

Un juez menos, el día que fue Alak

El ministro de Justicia, Julio Alak, acompañó ayer al nuevo representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Héctor Masquelet. Fue el mismo día en que destituyeron a un juez. Casi como si estuvieran rindiendo examen.
El ministro de Justicia, Julio Alak, acompañó ayer al nuevo representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Héctor Masquelet. Fue el mismo día en que destituyeron a un juez. Casi como si estuvieran rindiendo examen.
El juez federal salteño José Antonio Solá Torino fue destituido ayer por mal desempeño. El jurado de enjuiciamiento consideró que el magistrado había actuado «parcialmente» y «con el propósito espurio» de beneficiar al narcotraficante Miguel Farfán, al levantar una orden de captura en su contra y cambiar su número de documento en el expediente.

Si bien la defensa del integrante del Tribunal Oral de Salta sostuvo que estas incongruencias habían sido «errores involuntarios» que luego se corrigieron, el jurado consideró que no habían sido suficientes las explicaciones dadas por el magistrado. También consideró como prueba suficiente para concluir que la actitud expresada por Solá Torino en esa causa «no es fiel a la verdad, ya sea real o jurídica».

Por otro lado, el jury desestimó la acusación contra el juez por presunta comisión de delito y resaltó que en su resolución no habían sido tenidas en cuenta las grabaciones telefónicas realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a partir de las que se lo imputa a Solá Torino de supuestamente haber recibido $ 15 mil para levantar la orden de captura contra Farfán, condenado por narcotráfico en 1999 y prófugo desde 2003, que habían sido impugnadas por la defensa del juez.

El jurado destacó, sin embargo, que sí se había considerado el registro de llamadas entre Solá Torino y los implicados en el caso (hay cuatro procesados en esta causa), ya que se produjeron en «fechas relevantes» respecto a decisiones procesales que tomó el juez. El tribunal subrayó además que se había limitado a verificar si el juez «vulneró la garantía de imparcialidad», que no era su competencia evaluar los actos del magistrado, ni determinar si hubo error judicial y que este aspecto se debía definir a partir de la investigación penal que tramita en Salta, donde ya fue procesado sin prisión preventiva (por su carácter de juez).

El jurado, integrado por los senadores Rubén Marín (Partido Justicialista-La Pampa) y Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz), las diputadas Lía Bianco (Frente para la Victoria-Misiones) y Sandra Riobó (UCR-Buenos Aires), los jueces federales Luis Herrero, Luis Jiménez y Ángela Vanni (en representación de los abogados) comunicó sin la presencia del acusado ni de los acusadores. Sólo estuvo presente uno de los abogados defensores de Solá Torino, mientras que, del Consejo de la Magistratura, únicamente estuvo presente como público el consejero abogado Pablo Mosca. Los senadores Ernesto Sanz y Nicolás Fernández, quienes actuaron como la parte acusadora en representación del organismo, estaban en ese momento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que sesionaba en simultáneo.

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