Un lastre poco justificable en cuanto a legalidad

Bogotá - Juan Manuel Santos tendrá que lidiar con la molesta herencia del escándalo de los «falsos positivos», ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados por el Ejército como miembros de grupos ilegales, que se dieron especialmente en el segundo mandato de Álvaro Uribe, lo que coincidió, entre 2006 y 2009, con el paso del presidente electo por el Ministerio de Defensa.

Los «falsos positivos» se transformaron en el mayor escándalo que afectó a la era Uribe, que incluye otros episodios que se tramitan en sede judicial, como la compra de votos parlamentarios para lograr la primera reelección, los extendidos vínculos de su entorno más próximo con los narcoparamilitares y la trama de espionaje masivo contra opositores, periodistas y jueces.

El capítulo de los «falsos positivos» se desató a fines de 2008 tras la noticia de la desaparición de 14 jóvenes civiles residentes en las cercanías de Bogotá, en Soacha, falsamente reportados por el Ejército como muertos en combates en el noreste del país.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional habían denunciado con anterioridad ese tipo de casos y pronto el tema se convirtió en una bola de nieve: como ministro de Defensa, Santos ordenó una purga histórica del Ejército, del que fueron retirados más de 30 militares, entre ellos tres generales.

Desde entonces, la Justicia ha sabido de 2.355 víctimas (reportadas desde mediados de los años 80) y, hasta junio, la Fiscalía registraba 1.246 procesos contra uniformados. Unos 1.200 integrantes de las fuerzas militares se encuentran vinculados a las investigaciones, de los cuales 234 ya fueron condenados.

Según defensores de derechos humanos, estas ejecuciones fueron potenciadas por una directiva del Ministerio de Defensa, en 2005, en la que se daba a entender que las bajas en combate serían compensadas con gratificaciones. Y aunque Santos sólo asumió el cargo de ministro de Defensa en 2006, aseguran que podría ser llamado a juicio.

Fuentes internas del Ejército señalaron que la directiva fue derogada por el Gobierno al poco tiempo de expedida, pero militares procesados dijeron que los beneficios continuaron entregándose de facto.

En Colombia, «los ministros no tienen inmunidad. Pueden ser investigados penalmente así como el presidente», explicó Jiménez, quien añadió que su organización demandará penalmente a Uribe y a Santos, antes de mañana.

Analistas militares que pidieron reserva de sus nombres atribuyen en alguna medida la composición de la nueva cúpula militar en Colombia a la decisión de Santos de bajar la presión contra el Ejército por los «falsos positivos».

En tanto, el capítulo de la «parapolítica» desatado en 2006 permitió que salieran a la luz todo tipo de vínculos entre legisladores, gobernadores y alcaldes con los paramilitares. Los pactos abarcaban protección mutua, negocios, amedrentamiento de la población e identificación de blancos. En suma, unos 70 congresistas, la mayoría uribistas pero también de los partidos tradicionales Liberal y Conservador, fueron vinculados judicialmente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares).

Agencias AFP y DPA