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Un laudo adverso crea más problemas a YPF
Miguel Galuccio
El fallo definió la responsabilidad de YPF pero la determinación de los daños puede demorar entre 6 y 12 meses y está sujeta a un nuevo procedimiento arbitral ante el mismo tribunal. En principio, el resarcimiento reclamado por AESU es de u$s 1.300 millones y del TGM de u$s 330 millones. Fuentes vinculadas al caso estiman que la indemnización podría llegar hasta u$s 2.500 millones considerando intereses en unos 18 meses, pronóstico que podría afectar el valor de la acción en los próximos días.
El laudo llega en un momento inoportuno cuando YPF tiene además varias demandas pendientes por parte de Repsol en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, y en juzgados de Nueva York y Madrid. De todas formas, el arbitraje fue solicitado cuando YPF todavía estaba controlada por Repsol y se refiere a las limitaciones que impuso el Gobierno a partir de 2004 para cumplir con los contratos de exportación de gas, de modo de privilegiar el suministro al mercado interno. Tanto por tratarse de un suceso ocurrido antes de la expropiación de las acciones, como por vincularse con una decisión del Estado YPF podría pedir la revisión del fallo.
En otro orden, el jueves de esta semana, la asamblea de accionistas de YPF debe nombrar un nuevo directorio. El viernes la empresa informó en la Bolsa que tenedores de acciones en EE.UU., Capital Management LLC, Mason Capital LP y Mason Capital Master Fund LP, le notificaron la decisión de ejercer el derecho a nominar como miembro titular de la conducción a Nicolás Placentino. Por su parte, el actual directorio, que encabeza Miguel Galuccio, elevó una propuesta que no incluye representante de Repsol ni de los inversores institucionales.


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