25 de septiembre 2009 - 00:00

Un proyecto impostergable

Por estas semanas, estamos asistiendo a diversos debates por la posible sanción de una nueva ley de medios, pero nunca en todos estos años vi que se mezclaran tantos intereses, confundiendo las noticias con la opinión y el negocio. La «batalla» por la ley de medios puso a algunos de los grupos empresariales en una feroz campaña de deslegitimación del nuevo proyecto, utilizando de manera poco profesional lo que tengan a su alcance para desinformar sobre el tema.

Pero debo aclarar algo: aunque sea moralmente reprochable, jurídicamente es legal.

Ahora bien, ¿por qué hay que cambiar el actual decreto ley? Bastaría con decir que es una norma de la dictadura, firmada por Videla y Martínez de Hoz, basada en la doctrina de la Seguridad Nacional y hecha cuando la televisión era en blanco y negro.

Sin embargo, me preocupa mucho más la actualidad de la ley, modificada por sucesivos decretos de necesidad y urgencia de las empresas. Fueron y son tantos los intereses que están en juego, que nuestro país, que pudo juzgar a través de tribunales civiles a los máximos responsables del terrorismo de Estado, no pudo cambiar esta ley a través de los mecanismos democráticos.

Durante el Gobierno de Alfonsín, la puja se centraba en el ingreso o no de las empresas que editaban diarios. El proyecto de 1988 no lo contemplaba y, por ende, nunca se votó. En 1989, a través de la reforma del Estado, el Congreso durante el Gobierno de Menem introdujo la primera gran modificación, permitiendo la creación de los multimedios.

A partir de allí, sólo quedaba esperar la evolución del negocio. Durante los 90, los principales operadores de cable arremetieron contra todas las pymes, utilizando al negocio del fútbol como herramienta de extorsión, y se quedaron con cientos de miles de abonados y comenzando la concentración de este segmento de negocios. Como la ley ya era vieja, el cable carecía de cualquier regulación que pusiera límite alguno a la expansión.

Para legitimar las compras, se sancionó el DNU 1.062/98, permitiendo aquello que estaba prohibido: la compraventa de licencias. Pero como los amigos de entonces comenzaron a soñar con la re-reelección, el grupo CEI-Citicorp-Atlántida se lanzó a la compra de canales de aire. En el término de seis meses, con cuatro empresas con sede en las islas Caimán, adquirieron 12 canales de televisión por un valor superior a u$s 400 millones. Sólo se olvidaron de un detalle: la ley permitía tener hasta cuatro canales. No importó, sacaron otro DNU, llevando el límite a 24 licencias.

Podríamos seguir enumerando de qué manera, por impotencia, error o complicidad, el sistema político amoldó la ley a la necesidad de algún grupo sin pensar en los ciudadanos.

Garantías

Ahora nos proponemos lo contrario, sancionar una ley de la democracia, que elimine prohibiciones, que incorpore todas las voces, que garantice a todos los sectores las mismas posibilidades de acceso a un medio. Queremos una ley que conjugue el respeto irrestricto a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a dar y a recibir información, con un desarrollo de la industria audiovisual, y que contenga cláusulas antimonopólicas para que no se atente contra el derecho a la libertad de expresión. Pretendemos medios públicos estatales y no gubernamentales y un organismo de aplicación con la participación de las minorías parlamentarias.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un gran proyecto, que se mejoró con la participación de los sectores políticos que quisieron cambiar la ley y sin la participación de los que declaman una cosa y hacen la contraria.

Las leyes se hacen para todos y en beneficio del bien común, o seguiremos sacando decretos a la medida de ciertas necesidades. En lo personal, apuesto al mejoramiento de la República.

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