Estos cuatro idealistas integran la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (Smart) y ayer hicieron historia: "Nunca he fumado un cigarro (de marihuana), jamás lo voy a hacer", dice enfático sentado frente a un escritorio repleto de expedientes el abogado Francisco Torres Landa. Tampoco quiere cultivarla.
En una oficina rodeada de cristales, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México este abogado, con 32 años de carrera en uno de los despachos internacionales más importantes del país, asegura que su objetivo es quitar a los carteles del narcotráfico su principal herramienta: el dinero.
Smart llevó en 2013 su caso a la Corte después de que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) le negara una solicitud para poder producir y consumir su propia marihuana.
México se quedó atrás frente a otras naciones de América: Uruguay legalizó la producción y venta de marihuana en 2013, mientras Chile debate una ley para despenalizar su uso con fines medicinales y recreativos. Y en Estados Unidos 23 estados autorizaron el cannabis para uso medicinal y cuatro para el consumo recreativo.
"Este es un litigio estratégico" para "socavar, erosionar el origen de la política prohibicionista en materia de drogas", dice Torres Landa, padre de cinco hijos y quien se volcó a luchar contra la violencia cuando su primo fue secuestrado y asesinado en 2005. "Fue una triste razón por la que llegue a México Unido Contra la Delincuencia", la agrupación civil en la que coincidió con los otros tres quejosos.
Igual que él, Armando Santacruz, un contador de 54 años y fundador de una empresa que comercializa materias primas, coincide en que la lucha vale la pena por dejarles un mejor país a sus cinco hijas.
Enfundado en jeans, Santacruz explica que tras más de 15 años de trabajo contra el secuestro, la extorsión y otros delitos que agobian a la sociedad mexicana, comprendió que todas esas acciones eran insuficientes. "Nos dimos cuenta de que iban a tener poco resultado si no le entrábamos a la política de las drogas", apunta en la pequeña oficina en un bullicioso barrio de la capital.
La guerra contra las drogas ha dejado en México más de 80.000 muertos y unos 25.000 desaparecidos desde 2006, según cifras oficiales, cuando el Gobierno lanzó una estrategia militarizada contra los carteles del narcotráfico. El "costo en sangre es brutal y la estrategia ni siquiera estaba evitando que las drogas llegaran a la gente", indica al reconocer que ocasionalmente ha fumado marihuana, pero sostiene que no es usuario. La violencia también llegó a la familia de Santacruz: uno de sus hermanos fue secuestrado hace dos años.
Pero quizá el camino más doloroso lo recorrió Josefina Ricaño, presidenta y fundadora de México Unido Contra la Delincuencia y otra integrante de Smart. En 1997 su hijo fue asesinado tras haber sido secuestrado. En tanto, Andrés Aguinaco, el cuarto activista, es un aguerrido abogado que defendió causas como la de una niña que sufre un grave tipo de epilepsia y que recientemente ganó una excepción a las leyes, para ser la primera persona en el país en recibir una tratamiento a base de cannabis.
| Agencia AFP |
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