Con la firma del reciente acuerdo por la coparticipación, el gobierno de Jorge Macri avanza en el fortalecimiento y la ampliación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, al cumplirse 30 años de la sanción de la Constitución porteña. En el últimos meses hubo avances en materia penitenciaria y del fuero laboral, pero aún quedan demandas históricas por resolver.
21 de mayo 2026 - 16:50
Autonomía de CABA: los avances y los reclamos pendientes tras el acuerdo por la coparticipación
El Gobierno porteño celebró el entendimiento alcanzado con el Ministerio de Economía por los $800.000 millones adeudados. Pero aún restan puntos calientes a resolver.
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El Puerto de Buenos Aires, uno de los reclamos de CABA.
A principio de semana, el jefe de Gobierno selló un entendimiento con el ministro de Economía, Luis Caputo, que garantiza el compromiso de la Nación a pagar con bonos en pesos y a siete meses los $800.000 millones de deuda acumulada desde julio del 2025 hasta hoy. La firma se concretó luego de meses de negociaciones y de la buena voluntad entre las partes.
En el Gobierno porteño señalan que el acuerdo se encuadra dentro de los reclamos que llevan adelante por la ratificación de la autonomía de CABA y que incluyen desde los fondos que se transferirán vía bonos hasta los u$s6.000 millones que Nación adeuda desde la gestión del Frente de Todos, pasando por reclamos históricos.
Avances en las transferencias penitenciarias y del fuero laboral
Luego del acercamiento entre el macrismo y los hermanos Milei con motivo de la alianza electoral de octubre, CABA acercó posiciones con Nación y logró avances en dos procesos relevantes para el reordenamiento local: el traspaso de pabellones de la cárcel de Marcos Paz y la transferencia de la Justicia Laboral a la órbita porteña.
La construcción y la cesión de las instalaciones del penal a la Nación tiene como objetivo trasladar a presos federales alojados en la cárcel de Devoto, que será cerrada, y detenidos en el distrito, para descomprimir las comisarías. La creación del Servicio Penitenciario porteño, aprobada por la Legislatura porteña a finales del año pasado, acompaña esa decisión. Aún resta que se firme la transferencia penitenciaria definitiva, con los correspondientes recursos.
A la par, Nación incorporó en la reforma laboral el traspaso del fuero laboral a la Justicia porteña, un reclamo histórico del macrismo que contó con el visto bueno del Congreso, un segundo paso formal y legal luego de la aprobación de la ley 6.789 en diciembre 2024 por la Legislatura porteña.
La ley habilitó la creación del fuero mediante el emplazamiento de diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas. El traspaso llegará acompañado de fondos para garantizar el funcionamiento del nuevo ámbito judicial.
Mientras el ministerio de Justicia porteño avanza con los pliegos de los jueces que integrarán los juzgados y las salas, se espera que la el Palacio Legislativo local trate este año la sanción definitiva de la transferencia.
Los reclamos pendientes: Puerto, Retiro, IGJ y Propiedad Intelectual
En ese marco, desde noviembre del año pasado Macri puso en marcha el Observatorio sobre Federalismo y Autonomía Porteña (OFAP), un organismo con el que buscan encaminar las demandas pendientes. El OFAP está integrado por especialistas de la Dirección General de Transferencias de Competencias y Asuntos Interjurisdiccionales (DGTCAI) del Ministerio de Justicia porteño que conduce Gabino Tapia.
Desde la administración porteña lo definen como un espacio de "análisis, articulación institucional y planificación de estrategias" para dar respuesta a las demandas de autonomía. El ente monitorea los reclamos pendientes con el objetivo de lograr resultados en el proceso autonómico.
La OFAP no solo evalúa temas en proceso como la puesta en funcionamiento del fuero laboral y del servicio penitenciario, sino también reclamos aún no tratados y que en CABA esperan encausar. En ese marco aparecen el Puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro, la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro de la Propiedad Inmueble.
El año pasado, el jefe de Gobierno reafirmó la posición de CABA sobre las terminales portuarias y de micros, como también a los organismos de la Justicia y de la propiedad del inmueble. "¿Queremos discutir si el Puerto o la Terminal de Retiro tienen que ser de la Ciudad o van a seguir siendo de Nación?", preguntó a los legisladores en la apertura de sesiones.
También llamó a dar la discusión con Nación respecto a la oficina de inscripción de sociedades comerciales. "¿Se van a poder inscribir en la Ciudad, o seguimos dependiendo de la IGJ nacional, vieja y lenta?", cuestionó. Además, reiteró su posición respecto a negociar con el Ejecutivo de Milei sobre los u$s6.000 millones por la deuda de la Coparticipación.
El alcalde tiene en Tapia a su principal impulsor de los reclamos y de las negociaciones. Para el ministro, no es "solo un principio jurídico" que CABA afiance su autonomía sino "una construcción cotidiana que fortalece la democracia". "Cada avance que logremos, cada análisis, cada diálogo que impulsemos desde este espacio contribuye a una Ciudad más justa, más libre y más protagonista de su propio destino”, afirma el ministro.
En ese marco, el próximo miércoles el jefe de la cartera de Justicia asistirá a un encuentro en la Sociedad Científica Argentina donde presentará los lineamientos del Observatorio y disertará sobre temas clave para CABA como el fuero laboral y los desafíos que tienen por delante en materia de autonomía. Lo acompañará Javier López Biscayart, Juez Penal Económico y director del organismo.