Una deuda que el Estado nunca debió consentir

La historia de Grupo Greco comienza en 1980, cuando el gobierno de la dictadura militar decide intervenir ese conglomerado de más de 35 empresas que, con el Banco de los Andes a la cabeza, estaba al borde de la quiebra y ponía en peligro toda la economía mendocina. Esa intervención tuvo tantas desprolijidades y delitos que en 1987 los Greco firmaron un acuerdo con el gobierno de Raúl Alfonsín para que se compensaran las deudas que mantenían su bancos y empresas con las que se les habían confiscado. Ese acuerdo nunca se cumplió, por errores de ambas partes, por lo que hacia el final del gobierno de Carlos Menem los Greco le iniciaron un juicio al Estado. Años después, consiguieron un fallo en el juzgado de Francisco de Asís Soto que no fue apelado por el Estado, sino que se les reconoció una deuda de $ 332 millones, cuando ni siquiera se habían verificado las deudas que el grupo mantenía con el Estado, incluyendo los redescuentos que el Banco Central le había dado al Los Andes, poco antes de su caída. Desde ese momento en adelante, la Justicia intentó ejecutarle al Estado la deuda a favor de los Greco.

El escándalo por el intento de pago a los ex integrantes y herederos del Grupo Greco comenzó cuando el Ministerio de Economía, comandado por Felisa Miceli, envió al Congreso un proyecto de ley en el que se solicitaba una ampliación de la emisión de bonos autorizada para 2006 por $ 1.300 millones. Ese pedido se aprobó en Diputados sin ningún cuestionamiento. Pero dos senadores radicales comenzaron a poner reparos. Durante el debate en comisiones, el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Ernesto Sanz preguntaron a qué se refería un rubro incorporado al anexo del proyecto donde se disponía el pago de $ 587 millones por pago a «proveedores». No había respuestas.

Poco después, Morales comenzó a advertirle a Jorge Capitanich, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: «No vamos a acompañar esto hasta que no nos den aclaraciones. Me llegó la información de que éstos son honorarios y eso no es proveedores».

Como estaba prevista la visita de Jorge Rigo a la Comisión de Presupuesto del Senado para debatir el Presupuesto 2007, los senadores oficialistas contraofertaron pedirle al funcionario que explicara los contenidosdel pago que pretendían autorizar. Rigo llegó al Senado el martes 5 de diciembre de 2006. En ese encuentro, cuando Morales lo inquirió por el tema, el funcionario aclaró que no estaba al tanto del listado de pagos por realizar con los bonos que el Ministerio de Economía pedía emitir. Pero prometió pedirle al encargado del área que remitiera la información al Senado. Morales protestó por la falta de información y la reunión se termina allí.

Al día siguiente, el Senado tenía previsto sesionar. Ese 6 de diciembre el oficialismo hace el intento de aprobar sobre tablas el incremento de autorización para emitir $ 1.300 millones más en bonos, destinados a distintos pagos, como juicios a retirados militares, ex empleados de YPF y el famoso «Pago a proveedores»: «Hasta que no nos expliquen qué se va a pagar, no les votamos los bonos», gritó Morales en el recinto. Finalmente, el 11 de diciembre Capitanich recibe un mail con la información prometida por Rigo. Jorge Amado, director de Administración de la Deuda Pública, le envía, por pedido de otro funcionario del área, Norberto López Isnardi, «un listado de los beneficiarios de deuda consolidada, y los importes, que será cancelada con la ampliación de la planilla contemplada en la ley bajo análisis...».

Planilla

Junto con ese mail, Capitanich recibió la planilla completa con todas las órdenes de pago y códigos de operación de los créditos que se cancelarían dentro del rubro «Pago a proveedores», incluyendo las seis para cada uno de los integrantes de las familias Greco y Bassil, ex propietarios y herederos del grupo mendocino. Desde ese momento, quedó claro que en el Ministerio de Economía se tenía una idea completa de los pagos que se pensaban realizar con los bonos por emitir.

A partir de ese momento, la oposición comenzó a fustigar al gobierno por intentar avanzar con el pago de una deuda que, después se supo, estaba cuestionada en la Justicia. La propia Miceli tuvo que ordenar investigar a sus funcionarios y ese sumario terminó con una denuncia penal propiciada por la propia ministra. No tenía otro camino.