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Una devaluación antipopular
La agencia de noticias Paco Urondo, asumida desde su título como voz del “Periodismo Militante” en el kirchnerismo, es uno de los referentes más conocidos del pensamiento oficial. Ayer, en un editorial, se tomaron una pausa en esa tarea para cuestionar que, tras 10 años de mantener “controlada” la moneda, el Gobierno la devaluó un 62% en un año impactando en el ingreso. Veamos el editorial.
En mayor medida a los agropecuarios y en menor medida a los grandes industriales. Este instrumento -la devaluación no controlada- siempre va en detrimento de los sectores populares y de la masa trabajadora. Se llegó a esto luego de muchas idas y vueltas con respecto a la política cambiaria.
Pensemos en los trabajadores informales, en los desocupados y subocupados. La medida impacta de lleno en su poder adquisitivo y devienen la variable de ajuste. También en la masa trabajadora formal, con un futuro previsible de salarios licuados. La realidad en algunos barrios es dramática y es fácil anticipar que la situación arrojará un descontento aún mayor.
El escenario se torna más complejo de analizar cuando es un Gobierno popular el que decide utilizar un instrumento económico antipopular para reordenar y darle más competitividad a la economía. El kirchnerismo, como movimiento que lleva adelante los destinos económicos del país, cuenta con algunas herramientas como para poder amortiguar los resultados que acarreará esta decisión: Asignación Universal por Hijo, el reciente lanzado plan Progresar, la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil, el aumento de las jubilaciones y las paritarias.
Pero debido a lo dramático de la medida, es urgente una batería mayor de medidas que contrarreste lo decidido. Esto es: más ingresos directos a los sectores populares. Seguramente existan en el flamante equipo del Ministerio de Hacienda quienes puedan diseñar estas respuestas. Valgan estos ejemplos de la historia nacional: suba de retenciones, la Junta Nacional de Granos, gravar la renta financiera. Además, actuar sobre la problemática de los subsidios a las tarifas de gas y electricidad, donde el Estado aún no ha podido discriminar entre quiénes los necesitan y quiénes no. Los cortes de suministro eléctrico sufridos en diciembre y enero marcaron que los servicios son caros para los recursos públicos e inservibles para buena parte de la sociedad. Si el Gobierno no logra afinar la instrumentación y mejorar fuertemente el control de los "precios cuidados", la decisión de devaluar tan bruscamente se trasladará a los precios, y los sectores populares contarán con menos dinero para subsistir. La conducción política de la economía que lleva adelante Cristina Fernández de Kirchner deberá aparecer en todo su esplendor para que los sectores populares no sean los perjudicados de una decisión con demasiados malos recuerdos en la Argentina. Confiamos en que esto se haga, y pronto.


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