Una multitud exigió en Cataluña la libertad de los jefes independentistas

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La concentración culminó una jornada de protesta que incluyó una huelga de empleados públicos. En el frente judicial, el Tribunal Constitucional anuló la ley del referendo soberanista.

Barcelona - Unas 200.000 personas se manifestaron ayer en Barcelona y otras miles lo hicieron en otras ciudades catalanas contra el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas acusados de sedición por la Justicia, en medio de la peor crisis en el país en las últimas cuatro décadas.

Al grito de "independencia", y portando velas, la multitud marchó por el centro de la ciudad para reclamar la liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, de las asociaciones civiles Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), presos desde el lunes bajo cargos de sedición por la organización de la protesta del 20 de septiembre contra el requisamiento por parte de la Guardia Civil de edificios del Gobierno catalán.

La manifestación de la noche de ayer culminó una jornada de movilizaciones. Al mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio "la liberación de los presos políticos".

"Nos quieren dar miedo, pero yo no lo tengo. No creo que vayan a aparecer ahora por aquí con garrotes, pero tenemos el presentimiento de que nos harán más daño", dijo la sexagenaria Conchita Riera.

El presidente catalán Carles Puigdemont y parte de su Gobierno se unieron a los manifestantes del mediodía, que gritaban "libertad", "independencia" y "la represión no es la solución".

El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta mañana "en solidaridad" con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau.

Òmnium y ANC convocaron una gran manifestación el sábado a las 17:00 en la ciudad.

En el frente judicial, el Tribunal Constitucional (TC) anuló definitivamente y por unanimidad la ley catalana por la que se convocó el referéndum de independencia del 1 de octubre, momento en que se desbocaron los acontecimientos que sumieron a España en su peor crisis política de los últimos 40 años.

El fallo se suma la blindaje que ya posee en la justicia y en la política el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir así la autonomía de Cataluña.

Rajoy dio hasta mañana a Puigdemont para que aclare si declaró o no la independencia la semana pasada, a lo que éste contestó con ambigüedad el lunes limitándose a ofrecer diálogo durante dos meses.

Los izquierdistas de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), socios del Gobierno catalán, dijeron que el parlamento regional podría proclamar "en los próximos días" la República de Cataluña.

Las próximas 48 horas serán cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico para 2018, de 2,6% a 2,3%.

En el plano económico, ayer se supo que 700 empresas se llevaron sus sedes sociales de Cataluña en octubre, más que en los nueve meses previos de 2017, según el Colegio de Registradores.

Agencias AFP, ANSA, DPA y Reuters

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