Una semana más para el ritual caso Patti

Luis Patti se pasó las últimas 48 horas estudiando en el calabozo el expediente en el cual se discute si puede o no ser candidato a diputado nacional el 28 de junio. Se lo envió el juez Manuel Blanco después que la Cámara Nacional Electoral advirtió un grave error procesal. El caso inunda los diarios desde hace meses pero nunca se le ocurrió a ningún magistrado darle vista a Patti del expediente.

Los apoderados que actuaron hasta ahora son del partido de Patti, pero no de la persona Patti, quien ha estado a punto de voltear todo el edificio que se construyó para frenarle la candidatura por ese error de procedimiento.

El oficio navegó el martes pasado sigiloso hasta el penal de Marcos Paz; hoy vence la fecha de la vista, los papeles irán a La Plata, de ahí a Buenos Aires donde los camaristas lo enviarán al fiscal Jorge Di Lello. Este se tomará por lo menos un día para despacharlo, llegamos a viernes. El lunes es feriado por lo cual nadie espera un fallo sobre Patti antes del martes, es decir, una semana antes de la campaña.

En caso de que la Cámara confirme la candidatura, los bonaerenses que respaldan al ex comisario podrán votarlo; si la nominación cae -posibilidad hasta ahora remota, como se explicará- queda como primera en la lista la menemista Mercedes Landa.

Hasta el martes próximo los camaristas Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera intentarán lograr un fallo unánime que los exponga menos que en la última decisión, que fue dividida, sobre las candidaturas de Daniel Scioli y Sergio Massa. Esa disidencia debilita a un tribunal que por lo común sostiene posiciones en materia electoral que son discutidas por el Gobierno y algunos jueces electorales y que entiende ser el guardián de una rareza criolla: la Argentina tiene un sistema electoral saludable, al punto de que nadie ha podido probar con solvencia que alguna vez quien perdió en las urnas ganó en el escrutinio. Ese sistema, sin embargo, está perforado por la crisis de los partidos políticos que, con la sola excepción de la UCR y del socialismo, han resignado su función de discutir y seleccionar candidatos. Los demás, entre ellos el peronismo gobernando y los opositores de PRO o la Coalición Cívica, se limitan a designar con el dedo y desde arriba a sus candidatos. Eso motiva la queja del público que dice votar de una manera pero ser gobernada por mandatarios que no expresan su opinión. Ese desacople entre el sistema de la opinión pública y el sistema político pone al andamiaje electoral al borde de un colapso inminente. En estas elecciones se llega a las urnas sin saber quién puede o no ser candidato; en las próximas puede ocurrir que no se sepa quién puede votar o no.

Ardidos por esa amenaza, los camaristas se han juramentado esta vez blindarse con un fallo por unanimidad que les exige una internación hasta el martes, para resolver un tema que los compromete jurídica e ideológicamente pero que creen que puede terminar siendo meramente ritual. Esto, porque en el promedio de las encuestas que leen los camaristas (también miran los diarios) Patti tiene una intención de voto que no supera el 1,99% (la mejor marca es el sondeo preelectoral de la UAI). Ese porcentaje de votos equivale a unos 140 mil votos y no alcanza al 3% de los sufragios que exige la ley electoral para que un candidato ingrese en el distribuidor de bancas (en 2005 Patti logró 6% de los votos).

Con Patti sin posibilidades a hoy de lograr ese piso, aumenta el valor político e ideológico de la decisión. Los camaristas, como la Corte Suprema, han afirmado antes que un procesado puede ser candidato, elegido y que puede asumir la banca. Lo hicieron en el caso Bussi y también en el de Patti, aunque la Cámara de Diputados se negó a dejarlo asumir. Les resulta difícil ahora cambiar de criterio; tampoco creen que tengan muchas posibilidades ya que la ley electoral argentina no establece ninguna limitación a los detenidos sin condena firme para ser candidatos (el llamado sufragio pasivo).

Sostener ese criterio se les dificulta porque las presentaciones del CELS y de otros querellantes hacen hincapié en el hecho de que la presunción de Patti estaría afectada si se aplicase el criterio de los juicios de Nüremberg después de la caída del nazismo. Allí se limitó el in dubio pro reo de acusados de delitos aberrantes, que formaban parte de un régimen que les permitió cometerlos pero también, por esa pertenencia, desbaratar las pruebas en su contra. Este es el núcleo de las impugnaciones a Patti que este grupo de jueces electorales intentará disolver antes del martes.