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Uruguay: hallan muerto a testigo clave en juicios por derechos humanos
El presidente uruguayo, José Mujica, es presionado por la mayoría del Frente Amplio para avanzar con la derogación de la Ley de Amnistía. El asesinato de Julio Ruperto Ramírez, un importante testigo, añade un elemento de peso a la controversia.
El diario La República de Montevideo conmovió ayer el ambiente político de Uruguay al dar cuenta del asesinato de Julio Ruperto Ramírez, un testigo que, según el medio, brindó detalles sobre fosas clandestinas en el batallón 13 del Ejército, próximo a Montevideo.
El diario afín al gobernante Frente Amplio indicó, sin citar fuentes, que el cuerpo de Ramírez fue hallado con el pecho y la cara destrozados, con un brazo mutilado y una puñalada en el abdomen. En un primer momento, testigos habrían afirmado que Ramírez murió al caer de una barcaza el 12 de diciembre.
Ámbito Financiero pudo confirmar el hallazgo de un cuerpo de una persona de apellido Ramírez por parte de la delegación de Prefectura de Guazú Guazucito, en el delta, que luego dio intervención a la oficina de esa fuerza en Villa Paranacito, en Entre Ríos. La autopsia fue realizada en Gualeguaychú por la Policía entrerriana, y la causa quedó a cargo del juzgado de Instrucción N° 1 de dicha ciudad.
Según La República, el hombre asesinado trabajaba en una explotación agropecuaria en la isla El Sauce, del río Uruguay, frente a la ciudad de Nueva Palmira. «No habría dudas acerca de que Julio Ruperto Ramírez fue asesinado y según fuentes muy allegadas, la causa sería el haber aportado información sobre enterramientos de desaparecidos en Uruguay», indicó el diario.
El testigo habría aportado datos y un croquis sobre fosas clandestinas en el Batallón 13, o «el infierno» según las víctimas de la dictadura, o «300 Carlos», según la jerga militar. Ramírez se habría reunido hace pocos días con dos conocidos, uno de los cuales también fue citado a declarar sobre desaparecidos encontrados en el departamento de Soriano.
El ex soldado también había prestado servicios a fines de los 70 en el Batallón 14 de Toledo, donde hay pistas sobre la existencia de fosas comunes.
Si se confirma, la información difundida por La República conmovería los cimientos de la política local.
En Uruguay rige la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (amnistía), sancionada durante el primer Gobierno del retorno democrático del conservador Julio María Sanguinetti. El perdón, apoyado por los entonces partidos mayoritarios Colorado y Blanco, fue ratificado en un plebiscito en 1989 (57% a 43%). Organismos de derechos humanos y parte de la izquierda volvieron a recolectar las firmas necesarias para llamar a otro referendo, que tuvo lugar en 2009, junto con las elecciones que consagraron presidente a José Mujica. El resultado fue nuevamente negativo (52,02% a 47,98%).
El presidente frenteamplista Tabaré Vázquez había habilitado excepciones previstas por la Ley de Caducidad y ello dio lugar a algunas condenas, entre ellas la del ex dictador Gregorio Álvarez.
A raíz de que la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad de la amnistía en 2009 y de diversos cuestionamientos de organismos internacionales, un sector del Frente Amplio volvió a plantear en el Parlamento la derogación de la Ley de Caducidad, pero, en línea con el presidente Mujica, tres senadores quitaron este año el número necesario.
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