Uruguay intenta tranquilizar a los inversores argentinos

José Mujica

«La posibilidad de que deje de haber acciones al portador en Uruguay no debería traer cambios en cuanto a nuestra relación con inversores extranjeros. Deben saber que no está planeado ningún aumento o nuevo impuesto para no residentes», dijo a este diario el subdirector de la DGI del Gobierno de José Mujica, Álvaro Romano. Sucede que en el último mes cambiaron las perspectivas de los argentinos que planean invertir en Uruguay. En primer lugar, avanza un acuerdo de intercambio de datos fiscales entre ambos países (que abriría las puertas a la AFIP para investigar contribuyentes con bienes declarados en ese país), y por otro, sólo unos días antes de que terminara 2011, el Ejecutivo uruguayo envió al Congreso un proyecto de ley que incluye cambios en la composición de sociedades, que afectaría la presencia de capitales argentinos en el país. De ambas orillas del Río de la Plata estiman que estas mo-dificaciones podrían detener la llegada del 35% de los fondos provenientes de la Argentina tradicionalmente, más de u$s 100 millones.

Sugerencia

La decisión de identificar a los propietarios de acciones al portador también fue una sugerencia de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) a Uruguay, ya que sin esos datos, de a poco serviría el pedido de otro país para detectar evasores. Por eso, el proyecto presentado a fin del año pasado indica que los accionistas que hasta ahora eran anónimos deberán presentar una declaración jurada a la entidad emisora de los títulos si esperan que la firma les pague utilidades. Esos datos serán luego remitidos a la DGI. Su incumplimiento genera también multas importantes.

«¿Cómo cree que impactará en la economía la eventual nominatividad de las acciones, teniendo en cuenta que hay gran cantidad de argentinos que aprovechan esa situación?», preguntó este diario a Romano. «No tiene ninguna implicancia en cuanto a impuestos que deban pagar en Uruguay. Desde la reforma tributaria de 2007 no hubo modificaciones que gravarán en mayor medida a los no residentes. Ahora bien, lo que pagan en su país de origen queda en manos de la administración de ese país», dijo.

En Uruguay se evalúa la posibilidad de que la nominatividad obligatoria no comprenda a las sociedades extranjeras sino sólo a las locales, aunque el proyecto oficial no incluya esta diferenciación. También se baraja algún retoque en cuanto al alcance a fideicomisos y fondos de inversión. El proyecto será recién discutido formalmente en marzo.

En cuanto al convenio que avanza lentamente, según Romano, «el acuerdo de intercambio de datos fiscales debería tener consecuencias positivas porque no sólo evita el lavado de dinero sino que también permitirá detectar a uruguayos con inversiones en la Argentina no declaradas». El funcionario agregó que la participación de argentinos en la inversión extranjera directa en Uruguay es importante pero que también «creció mucho la de Europa y Asia».

Lo cierto es que la presencia de argentinos es relevante para la economía uruguaya. La inversión que les llega desde la otra orilla representa un 30% de la que proviene del exterior, y se interesa en gran medida en el mercado inmobiliario, donde este año los proyectos superan los u$s 1.000 millones.