Uruguay limita el secreto bancario

Montevideo - La Cámara de Senadores de Uruguay dio ayer media sanción a un proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario y con el cual el país busca emitir señales positivas que le permitan salir de la «lista gris» de la OCDE.

El proyecto grava además con el Impuesto a la Renta a los depósitos que los residentes nacionales tienen en el exterior, en el caso de países con los que haya convenios de intercambio de información. Tras el aval del oficialista Frente Amplio y un sector del opositor Partido Nacional, el pasa a la Cámara de Diputados.

Según el plan, se podrá levantar el secreto bancario por resolución judicial, ante un pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), sólo cuando ésta haya acreditado que existen «indicios objetivos» que hagan presumir la existencia de evasión por parte de la persona física o jurídica cuestionada.

La misma información podrá ser pedida por la administración tributaria ante solicitudes expresas y fundadas de autoridades competentes de otro país. Dicha documentación se remitirá en exclusiva al organismo que lo solicite formalmente y nunca se hará pública.

Uruguay estuvo brevemente incluido en la «lista negra» de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y desde abril de 2009 integra la «lista gris», que reúne a aquellos países que no implementaron suficientemente los estándares internacionales de cooperación. El cambio se debió al avance en acuerdos de intercambio de información tributaria con doce países, entre los que se encuentran España, Portugal, Canadá, Alemania y México. Sin embargo, en el listado no aparece la Argentina, país del que proceden más de la mitad de los depósitos de extranjeros en los bancos locales.

El senador Eber Da Rosa, del Partido Nacional destacó que los derechos a la intimidad y privacidad «pueden ser limitados siempre en función de las razones de interés general» aunque «sólo a través de procedimientos y normas que ofrezcan las mayores garantías formales».

«Es en ese sentido que hemos actuado, pero tenemos claro que el llamado secreto profesional bancario no puede ser levantado bajo cualquier pretexto de fiscalización o control, sólo como una forma de excepción bien acotada y reglamentada», aseguró el legislador.

En cambio, el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, aseguró durante el debate que con esta ley «el Gobierno se puso de rodillas ante los organismos internacionales».

La reforma aprobada generó discrepancias también a nivel de las oficinas de captación de inversiones, autoridades de la banca y otros expertos. Para algunos es positiva, da seguridades y una mejor imagen internacional de la plaza financiera uruguaya, pero para otros puede derivar en el retiro de inversores.

Agencias EFE, AFP y ANSA