Vale no vuelve, pero Brasil ayudará para encontrar comprador

Cristina recibió ayer a Dilma en Casa de Gobierno. Se reunieron en el despacho presidencial para repasar la agenda bilateral y allí mismo almorzaron.

La minera Vale no volverá a la Argentina, pero el Gobierno brasileño ayudará a encontrar un eventual comprador para el establecimiento mendocino, así como también estudiará la posibilidad de resolver la situación laboral de los aproximadamente 5.000 trabajadores que aún están contratados por proveedoras del fallido megaemprendimiento. Hasta ayer ésta fue la principal conclusión a la que se llegó en las reuniones paralelas a la cumbre que Cristina de Kirchner y Dilma Rousseff mantuvieron desde el mediodía, y que concluirán hoy.

La retirada de la minera -un proyecto con una inversión estimada de u$s 5.800 millones- es el conflicto más importante entre los dos países en los últimos años, que, por el momento, seguirá sin una solución definitiva. Según explicaron los funcionarios visitantes, la minera Vale tiene sus propios problemas internos más allá de los que se incorporaron por la coyuntura argentina. Se habló de una deuda de u$s 15.000 millones con el Gobierno brasileño fruto de una reestructuración de los pasivos de la compañía y de la caída dramática del precio internacional del hierro. En esas circunstancias, la posibilidad de una inversión de u$s 5.800 millones parece imposible. Aclaraban los funcionarios brasileños que luego, en orden de importancia, se sumaban los problemas propios de la economía argentina como la inflación, el alza de los costos de construcción y los conflictos laborales.

Los visitantes aseguraban igualmente que están dispuestos a ayudar vía asistencia financiera y laboral a los trabajadores de las compañías proveedoras que ya estaban contratadas para la obra y que, tal como había adelantado Vale, colaborarán para encontrar un comprador que se haga cargo del proyecto; quizá hasta con la minera brasileña como socio minoritario. Por ahora rige una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, y que vence a fin de mes.

Rousseff llegó pasadas las 13 a Casa de Gobierno, donde la recibió Cristina de Kirchner con los honores del caso y el Regimiento de Granaderos a Caballo en pleno. En el despacho de la jefa de Estado argentina repasaron la agenda de temas que discutirían ellas y los funcionarios que estarían negociando en las bilaterales. Hablaron hasta pasadas las 15, cuando pudieron almorzar, también en el despacho presidencial.

Desde Brasil llegó otra buena noticia. Se liberarán no menos de u$s 1.000 millones para el próximo año (podrían ser incluso u$s 3.000 millones), destinados a obras públicas, en especial para las represas santacruceñas Kirchner y Cepernic, si las ganadoras de las licitaciones son compañías brasileñas, que llegarían desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDS). En momentos de limitaciones serias de financiamiento externo para el país (el Banco Mundial es una vía casi cerrada y la colocación de deuda voluntaria, una utopía), se considera a esta fuente de inversión como una opción segura. Se analizará entonces la posibilidad de que las empresas locales puedan asociarse con las brasileñas.

Con Rousseff llegaron a Buenos Aires el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota; de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel; de Pesca, Marcelo Crivella; el flamante ministro de Agricultura, Jorge Mendes Ribeiro, quien sustituye a Wagner Rossi, que renunció ante las denuncias que enfrenta por corrupción, y la presidenta de Petrobras, María das Graças Foster. Con esta última se discutirá la salida que está mostrando la petrolera, que aceleró en los últimos tiempos las ventas de sus activos en la Argentina en manos de la Oil de Cristóbal López. Lo que molesta en Buenos Aires son unos escritos internos de la empresa brasileña donde se asegura que la actividad económica de Petrobras mejorará a partir de la liquidación de su actividad comercial en la Argentina.

También los funcionarios están discutiendo los términos de la extensión más allá de 2014, cuando vence la Política Automotriz Común (PAC). En teoría, en agosto del año próximo, entre los dos países debería haber liberación de mercados y apertura de fronteras, algo que hoy es utópico. Lo que discutirán los técnicos es la alternativa de extender ese plazo por dos años más, pero comenzar a trabajar en una ley conjunta que obligue a las terminales a aumentar el volumen de autopartes nacionales que deben tener las unidades terminadas.

Los negociadores de los dos países también discutirán la aplicación de trabas cruzadas en el comercio exterior. Guillermo. Moreno y Pimentel tuvieron ayer un primer cruce, y hoy continuarán sin que se avizore una solución definitiva al problema.