Venezuela, en excepción permanente: eliminan el plazo de la Constituyente

Así lo anunció su máximo responsable, Diosdado Cabello. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, cumple tareas mínimas y carece de competencias legislativas.

CONTROL TOTAL. Además del Ejecutivo y la Asamblea Constituyente, el Gobierno de Nicolás Maduro controla la mayoría de los estados de Venezuela.

Caracas - La oficialista Asamblea Nacional Constituyente que rige Venezuela podría extender su período hasta por cuatro años más, aseguró ayer su presidente, Diosdado Cabello, durante actos conmemorativos por el primer aniversario de la elección del cuestionado organismo.

La decisión llega en momentos que la economía del país navega sin rumbo, con una inflación y escasez alarmante, y una inflación estimada para este año de 1.000.000%, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Hagamos de esta Asamblea Nacional Constituyente el tiempo que nos queda trabajando, sea un año, sean dos años, sean tres años, sean cuatro años, una Asamblea Nacional Constituyente total y absolutamente insurgente", aseveró Cabello durante un discurso en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas.

En la sesión, Cabello recalcó que el proyecto del Gobierno es el socialismo y "de ahí no nos sacará nadie". "Nuestro proyecto es el socialismo bolivariano que hizo el mandatario Hugo Chávez, del que no nos va a sacar nadie. Es un proyecto que no excluye a nadie. Con problemas sí, pero ¿quién va a resolver estos problemas? ¿La burguesía? No, el pueblo", afirmó.

En principio está previsto que la cámara funcione por dos años, con un período que vencería en agosto de 2019, pero al ser un órgano plenipotenciario puede extenderlo si así lo decide.

Los miembros de la Constituyente -todos oficialistas- fueron elegidos el 30 de julio de 2017 en unos polémicos comicios desconocidos por la oposición, Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina.

Los adversarios del presidente Nicolás Maduro se negaron a participar aduciendo la "ilegalidad" de la convocatoria, hecha en medio de unas protestas de varios meses que dejaron unos 125 muertos.

La oposición alega que el llamado debió haber sido sometido a referendo, como se hizo en la Asamblea Constituyente de 1999, convocada por el fallecido exmandatario Hugo Chávez (1999-2013) para redactar la Constitución vigente.

Cabello, uno de los más influyentes líderes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), asumió la presidencia del órgano en junio pasado en lugar de Delcy Rodríguez, quien dejó el cargo al ser designada por Maduro vicepresidenta del país.

La primera decisión de la Constituyente fue destituir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien abandonó su línea de apoyo al Gobierno y criticó como una ruptura del orden constitucional las dos sentencias judiciales que despojaron a la Asamblea Nacional de sus atribuciones y que fueron la chispa de las protestas.

En el Ministerio Público fue designado Tarek William Saab, un abogado defensor de derechos humanos públicamente afín al Gobierno.

La Constituyente se convirtió en algo más que el poder legislativo de Maduro, quien ignora abiertamente las decisiones y pronunciamientos de la Asamblea Nacional, el parlamento: en lugar de presentar su proyecto de presupuesto de 2018 y su balance de gestión ante la cámara legislativa, lo hizo frente al ambiente más propicio de los diputados constituyentes.

La Asamblea Nacional, gobernada en su totalidad por la oposición, quedó solo para hacer críticas públicas sin trascendencia, especialmente en materia financiera, ya que los contratos nacionales deben tener el aval legislativo.

Asimismo, la Constituyente convocó las elecciones de gobernadores, en octubre; de alcaldes, en diciembre, y las presidenciales, en mayo pasado, lo que terminó con una reelección de Maduro hasta 2025.

En su más reciente asignación, Maduro envió a la Constituyente un proyecto de reforma de la ley de ilícitos cambiarios, con el que plantea flexibilizar el control de cambios vigente desde 2003. El vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, señaló el jueves que la reforma propone nuevas políticas para los operadores cambiarios, a fin de abrir la puerta a inversiones extranjeras y operaciones cambiarias autorizadas por el Estado en casas de cambio.

Agencias AFP y DPA