Vigilarán más a militares presos

Agustín Rossi

El Gobierno dispuso ayer la creación de una Comisión de Asesoramiento Médico para evaluar el estado de salud de los procesados o condenados que estén internados o bajo tratamiento ambulatorio en dependencias de las Fuerzas Armadas, a fin de "evitar privilegios".La medida se formalizó en el marco de un convenio que firmaron en el Salón Belgrano del Edificio Libertador los ministros de Defensa, Agustín Rossi; de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; y de Salud, Juan Manzur, tras la fuga del mayor (R) Jorge Olivera y el teniente (R) Gustavo De Marchi, quienes se encuentran prófugos desde el jueves pasado. Alak subrayó que "esta medida se funda en la idea de que ningún privado de su libertad tenga algún tipo de privilegio".

El funcionario destacó, además, que el Gobierno "siempre reitera que el Servicio Penitenciario Federal debe garantizar todos los derechos humanos, pero que también no deben existir privilegios".

Según explicó Alak, "este acuerdo interministerial apunta a verificar realmente si existen causales para estar en una atención médica determinada, y si esa prestación tranquilamente se puede brindar en el Hospital de Ezeiza, que tiene los servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes como para poder albergar a civiles y militares que estén imputados por crímenes de lesa humanidad".

Rossi, por su parte, señaló: "Tenemos la directiva de la Presidenta de conformar una comisión médica asesora entre los tres ministerios para que se evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares".

El titular de Defensa explicó que el informe de dicha evaluación "será elevado a la Justicia para determinar si aquellos condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en dichos centros asistenciales, si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las unidades penales correspondientes".

Del mismo modo, especificó que en el marco de este convenio "Defensa tiene la tarea de recabar la historia clínica de cada uno de los prisioneros, determinar cuántos internados hay en los distintos hospitales de las FF.AA. y, a partir de allí, junto con los otros dos ministerios, proceder a una evaluación y tomar las decisiones que correspondan".

"El último viernes adoptamos la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio", subrayó Rossi y agregó: "Buscamos así evitar situaciones como la que se produjo la semana pasada".

Los militares prófugos habían sido condenados a principios de mes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Tras la fuga, el Gobierno dispuso una recompensa de 2.000.000 de pesos para "aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención".

Los dos exmilitares se fugaron del Hospital Militar, ubicado en el barrio porteño de Palermo, adonde habían sido trasladados desde la provincia de San Juan para un control médico. De la reunión en la sede de la cartera de Defensa participaron, además, los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Jorge Fernández; de Producción para la Defensa, Santiago Rodríguez; y de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias, María Cecilia Rodríguez.