Vuelve el fantasma del déficit a las provincias: sería de $ 3.500 M

El escenario de alivio fiscal sobre el que se posaron las provincias luego de la recuperación económica tras la crisis de 2001 volverá a verse comprometido hacia fines de este año. Según estimaciones de consultoras privadas, el fantasma del déficit se instalará con un saldo negativo de $ 3.515 millones producto del aumento del gasto, especialmente en lo que respecta a los aumentos de salarios que todos los gobernadores se ven obligados a otorgar por la presión de la inflación y, fundamentalmente, la incidencia del año electoral.

La proyección echa por tierra el buen resultado de 2010, que arrojó un superávit primario de $ 998 millones, en gran medida logrado por el aporte del plan de desendeudamiento acordado entre la Nación y las administraciones del interior, y el crecimiento de los ingresos por recaudación propia y nacional.

En lo que respecta a 2011, según Economía & Regiones, la dinámica fiscal ya no sería tan positiva como el año pasado. «Si bien los recursos seguirían creciendo a buen ritmo (+28%), la aceleración del gasto público (+6 puntos de crecimiento respecto de 2010, alcanzando al 30,3%) volvería a abultar el déficit provincial. Sobre esta base, el balance financiero presentaría un rojo de $ 8.300 millones, en tanto que se evaporaría el superávit primario alcanzado en 2010, tornando en un déficit de $ 3.500 millones, equivalente al 0,2% del PBI», se explica en un pormenorizado análisis de la situación provincia por provincia.

Siempre de acuerdo con la consultora que dirige Rogelio Frigerio, si bien la mayoría de las partidas de gasto mostraría importantes tasas de crecimiento, el deterioro de las cuentas provinciales derivaría del mayor dinamismo de la partida de personal. Así, tras un crecimiento promedio del 22% durante los últimos dos ejercicios, la tasa ascendería hasta el 32% durante el corriente ejercicio.

Entre planta permanente, transitoria y personal contratado, las provincias cuentan con un total aproximado de 1.850.000 agentes públicos, es decir, cerca del 10% de la Población Económicamente Activa. La magnitud de esta cifra, que no incluye el empleo en empresas públicas y organismos de seguridad social, ha llevado a que el gasto en personal absorba más del 50% del gasto público, haciendo que cada punto de aumento salarial que se otorgue durante 2011 implique un gasto adicional de $ 900 millones, siendo la definición de la pauta salarial el factor clave para determinar el resultado fiscal anual.

El informe muestra que las provincias alcanzarían un escenario de equilibrio fiscal sólo si los aumentos salariales se ubicaran en torno al 15-16%, es decir, más de 10 puntos por debajo de la inflación proyectada. Dado que luce utópico alcanzar un acuerdo salarial semejante, 2011 será otro ejercicio con resultado negativo a nivel subnacional.