YPF: cómo sigue demanda en N. York

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Un fondo de pensión de Estados Unidos denominado Monroe County Employees Retirement System (sistema de pensiones de los empleados del condado de Monroe en Michigan, Estados Unidos) presentó una acción federal de clase contra YPF, Repsol, el directorio de la primera al momento de la colocación de oferta pública en marzo de 2011 y los bancos colocadores de dicha oferta.



Acción de clase

El fondo demandante pide ser el representante de una acción de clase en representación de todos los inversores que compraron acciones de YPF. El mecanismo de la acción de clase es una vía usual en Estados Unidos para demandas que involucran a miles de potenciales demandantes los que son agrupados en una misma demanda por motivos prácticos. Asimismo, las acciones de clase tienen dos variantes que se denominan "opt-out" y "opt-in". En el primer caso, se considera a todos los eventuales damnificados como parte de la clase a menos que ellos opten por salirse de la misma, lo cual implica que salvo que realicen un trámite de completar un formulario y enviarlo por correo serán considerados como parte de la clase. En tanto, en la segunda variante, sólo se es parte de la clase en caso que se realice el trámite de querer serlo. Por supuesto que hay una diferencia muy importante en el carácter que se le da a la petición en este sentido ya que usualmente las acciones de clase opt-out terminan siendo por montos mayores que las opt-ins.

El escrito dice en este sentido: "El número de los miembros de la clase puede ser miles y por ello la presentación de demandas individuales es impracticable, ya que YPF vendió 26 millones de ADS en los mercados de Wall Street por un monto aproximado de USD 1.000 millones".

Causas de reclamo

La demanda basa su reclamo en que el prospecto de colocación utilizado en la oferta pública de marzo de 2011 contiene "declaraciones no verdaderas y omite divulgar hechos materiales". El principal reclamo de la demanda es que el Prospecto no contiene "factores de riesgo" (sección obligatorio de incluir en este tipo de colocaciones) relativos a la posibilidad de que la compañía fuera nacionalizada por el Gobierno como terminó ocurriendo.

En particular, las principales consideraciones de la demanda son las siguientes:

  • El riesgo de nacionalización había aumentado en virtud de la caída en la producción de petróleo y gas en Argentina y de la falta de reinversión de las utilidades en el desarrollo de la empresa y sus operaciones.

  • La empresa se encontraba en incumplimiento de contratos de concesión con varias provincias.

  • La nacionalización tendría un severo efecto sobre el valor de las acciones de la empresa.

  • El Gobierno argentino antes de la oferta había comenzado a reclamar dichas reinversiones y la empresa no lo hizo, y tampoco se encargó de obtener financiamiento para nuevos proyectos.

  • La nacionalización implicó una caída de USD 41 a USD 13 por acción, ocasionando una pérdida por la diferencia, es decir de USD 28 por acción, que multiplicado por 26 millones da un monto de USD 728 millones, más intereses, gastos y penalidades.




  • Juicio por jurados

    Como nota importante de la demanda, la misma pide que el proceso tramite por el procedimiento de juicio por jurados, y no por sentencia emitida por un juez, como es el caso de los reclamos por los bonos de la deuda pública argentina en Nueva York. Pensamos que no es conveniente que este asunto tramite de esta manera ya que las personas físicas que tendrían que "dictar" justicia en un caso como éste carecen de conocimientos legales y financieros necesarios como para tomar una decisión razonada y claramente se tratará de un caso donde los aspectos emocionales pueden primar por sobre los profesionales, ya que por ejemplo los demandantes son un fondo de jubilados de un condado de clase media baja del estado de Michigan en Estados Unidos (condado de Monroe con una población de 150.000 habitantes y parte del "Gran Detroit" una de las ciudades más afectadas por la crisis de 2007-2008 en dicho país), que aparecerán contra compañías internacionales, una foto que a priori afecta la balanza de justicia inicial.



    Cómo sigue

    Los próximos pasos son la contestación de la demanda por parte de cada demandado. En este sentido, la principal perjudicada es YPF ya que es la empresa emisora de las acciones, aunque el management y accionista principal actuales no es que estaba cuando se produjo la colocación. En el caso de Repsol, es demandado como controlante al momento de la colocación. Las personas físicas, los directores, son demandados por haber firmado el prospecto, y los bancos por su participación como agentes colocadores. La responsabilidad tentativa de las partes demandadas surge de las leyes de "Securities" de Estados Unidos y la atribución de responsabilidad a la misma es algo usual en estos casos.

    El contenido de las contestaciones de las demandas seguramente varía en todos los casos, en razón que es un caso especial en virtud de la nacionalización y los actuales reclamos cruzados derivados de la misma. En cualquier caso, existe un interés común y es el de obtener el rechazo de la demanda para evitar el pago de las sumas reclamadas.

    Hay varias líneas de defensa para utilizarse. La mas importante en esta instancia es procesal y se refiere a pedir que la eventual acción de clase no sea opt-out sino opt-in. Luego queda el fondo de la cuestión, donde los argumentos de cada parte serán distintos como decíamos anteriormente. Asimismo, la demanda tiene carácter de reclamo solidario, es decir, se reclamo el total a todos ellos y si los demandantes obtuvieron un fallo favorable y cobraran mediante la vía de embargos a algunos de los demandados, éstos tendrán acciones legales contra los demás.

    (*) Estudio Garrido.

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