YPF: Gobierno gana tiempo en el juicio por la reestatización

LA JUEZA LORETTA PRESKA LE OTORGÓ A LA ARGENTINA UN "STAY" EN LA CAUSA ETON CAPITAL - Se trata del litigio derivado de la causa madre que el fondo Burford sostiene en segunda instancia, y donde la Argentina debe dirimir la suerte de una indemnización de u$s4.000 millones.

Loretta Preska

El Gobierno logró, al menos por unas semanas, ganar tiempo para elaborar una estrategia integral para enfrentar el juicio pendiente más importante heredado del default de 2001: el de la reestatización de YPF y las consecuencias sobre los tenedores de acciones que no fueron nacionalizadas. La semana pasada, y a la espera de una resolución en la semifinal de la Cámara de Apelaciones de Nueva York (que se conocería entre septiembre y octubre), la jueza de primera instancia Loretta Preska le otorgó a la Argentina un "stay" en la causa Eton Capital. Este es un juicio derivado de la causa madre que el fondo Burford sostiene en la Segunda Instancia, y donde la Argentina se juega, con una seria posibilidad de derrota, unos u$s4.000 millones. Son los que ese fondo le reclama por la causa heredada de las acciones originales del Grupo Petersen, y que el Gobierno de Cristina de Kirchner dejó fuera de la operación renacionalizadora.

Eton capital reclama también por haberse considerado perjudicado al estar fuera de los pagos por la renacionalización, pero para Preska, la resolución a esta causa dependerá de cómo la segunda instancia falle. Eton deberá así esperar y la Argentina tendrá más tiempo para reelaborar su estrategia, probablemente, de negociación de pago si el juicio final le es adverso. Se supone que si la Cámara de Apelaciones falla en contra (Argentina ya perdió en primera instancia), los abogados del país apelarán y todo se definirá en la Corte Suprema, lo que le dará tiempo al Gobierno para pensar una manera de pagar el juicio final.

Eton había adquirido en diciembre de 2010 el 1,63% del capital de YPF (entonces controlada por Repsol) por unos u$s250 millones, y nunca vendió su parte. Esto la separa del caso de Petersen, que luego de la renacionalización vendió sus acciones a un grupo financiero, mientras que el derecho del juicio contra la Argentina lo compró el fondo Burford, un especialista en litigios de empresas concursadas o en bancarrota contra terceros supuestamente provocadores de esas quiebras. El argumento de Repsol para vender estas acciones a Eton fue que la empresa necesitaba capitalizarse para avanzar en otras inversiones en territorios "menos complejos" como la Libia de Muamar Gadafi y otros mercados del norte de África. A su vez, Eton no era un desconocido en la Argentina. Ya había ingresado en 2019 en Pampa Energía, comprando el 5% de la compañía. En estos tiempos se presentaba como un poderoso fondo concentrado en inversiones de energía, que prometía volcar al país miles de millones de dólares en un mercado que prometía ser muy rentable. En esos tiempos se hablaba insistentemente de la decisión del Gobierno de Cristina de Kirchner de revalorizar las tarifas de los servicios energéticos, decisión que nunca se tomó.

En el momento de la expropiación, YPF tenía un valor aproximado de u$s15.300 millones, y la acción se pagó unos u$s39. La última cotización en Wall Street fue de u$s24,31. En estos números se basa Eton para realizar su reclamo, que dependerá de lo que defina desde este jueves la Cámara de Apelaciones con el caso Burford Capital. El reclamo original es por unos u$s4.000 millones (podría ser aún más dinero si se demuestra que la Argentina hizo la operación de renacionalización de YPF contra Repsol sabiendo que perjudicaría a otros accionistas). El caso planteado por Burford llegó a la segunda instancia judicial de Nueva York luego de la presentación del fondo ante el juzgado de Thomas Griesa el 8 de abril de 2015, y después que el juez derive el caso a la jueza Loretta Preska el 11 de mayo de 2016. Preska finalmente falló en contra de la Argentina e YPF (y a favor de Burford) en octubre de 2016; y el Gobierno de Mauricio Macri apeló la decisión ante la Cámara que finalmente el jueves dará una audiencia a las partes.

La demanda del fondo Burford Capital contra YPF y Argentina se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra abiertas por el Grupo Petersen (que hoy no tiene nada que ver en este juicio) en los días en que era socio por el 25% de YPF, y para organizar la relación con Repsol, el socio mayoritario. Luego de la nacionalización de la petrolera en mayo de 2012, y como la decisión se tomó sólo por el porcentaje de Repsol, Petersen se consideró damnificada al haberse aprobado por ley la prohibición de distribuir ganancias de la petrolera una vez renacionalizada, siendo ésta la manera en que el Grupo Petersen se había comprometido a pagar su incorporación como socio de la petrolera por recomendación directa de Néstor Kirchner.

Sobre esta causa, Aldo Ducler había hecho hace un año una primera aproximación para aportar datos que, supuestamente, le ahorrarían a la Argentina el pago de este dinero. Se había cercado ante la Procuración General del Tesoro en los días en que esta repartición era manejada por Carlos Balbín (mediados de 2016), quien, directamente, echó al financista del despacho y lo amenazó con llevarlo a la Justicia. Luego, ya en 2017, Ducler tocó la puerta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y entregó un escrito donde directamente aseguraba tener pruebas del delito concretado entre el Gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina de Kirchner en la compra del 25% de la petrolera YPF por parte del Grupo Petersen, antes de la renacionalización de 2012.