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Zanola declara ante el juez
Juan José Zanola
También serán indagados la mujer de Zanola, Paula Aballay (ex directora administrativa del Policlínico Bancario), la es subdirectora del centro médico, Graciela Fionna, el dueño de las droguerías San Javier y Multipharma, Néstor Lorenzo, y sus socios, Sergio Blanco, Carlos Torres y María Victoria Berisso.
Todos permanecen detenidos en la Alcaidía de la Superintendencia de la Policía Federal, desde donde serán trasladados a las 6.30 de la mañana hasta los tribunales de Comodoro Py. El ex subsecretario de Salud bonaerense, Alberto Costa, quien estaba prófugo y se entregó ayer, será indagado mañana.
Por otro lado, Oyarbide rechazó ayer un pedido de excarcelación que habían presentado Zanola y Aballay a primera hora de la mañana. Tanto el juez como el fiscal a cargo del caso, Luis Comparatore, consideraron que, si concedían la medida, había posibilidades de que los imputados pudiesen eludir la investigación o darse a la fuga, dada «la magnitud de la maniobra y la existencia de una organización que podría extender sus redes hasta límites por ahora desconocidos», argumentó el fiscal.
Comparatore también se opuso a otorgar el beneficio del arresto domiciliario a Zanola, hasta que no se acredite su mala condición de salud. Los defensores del sindicalista, Federico Figueroa, Mario Fenzel y Armando Murature, hicieron este pedido, con el fundamento de que Zanola padecería un «cuadro de broncopatía obstructiva crónica recidivante».
El juez, además, todavía tiene que resolver el pedido de exención de prisión presentado el lunes pasado por el abogado de Costa, Fernando Burlando, antes de que ex el funcionario bonaerense se entregara. Costa llegó ayer a Comodoro Py minutos antes de las 13 y fue luego trasladado al mismo lugar que el resto de los detenidos. Al salir de los tribunales, Burlando explicó que su cliente había sufrido «una descompensación» al enterarse de la orden de arresto y que por eso había solicitado la exención de prisión.
El abogado aprovechó también para criticar al juez a cargo del caso, al señalar que «se toman medidas demasiado intempestivas, y no sé si demasiado meditadas». «Es un poco imprudente y no habla de la seriedad de lo que es una investigación judicial que el juez haga manifestaciones públicas y que después deba rectificarse», fustigó el letrado, que se sumó a la extensa lista que de defensores que critican las medidas y declaraciones del magistrado.
En este caso, sin embargo, la situación sería al revés: desde que la causa estalló en los medios a raíz del arresto de Lorenzo el 4 de setiembre pasado, Oyarbide determinó obtener suficientes pruebas hasta de comenzar a indagar a los posibles imputados en la pesquisa, como había anunciado que iba a hacer respecto a Zanola, Aballay y Costa, entre otros.
La causa, que se inició en 2007 y presenta supuestas conexiones con el Triple Crimen de General Rodríguez -vinculado a su vez al tráfico de efedrina- y al financiamiento de la campaña presidencial del Cristina de Kirch, no deja de crecer y hasta podría implicar a más funcionarios de Gobierno. De hecho, la fiscalía no descarta citar al ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y recaudador de la campaña de la Presidente, Héctor Cappacioli, quien dejó su cargo en Salud a principios de este año, luego de fuertes cruces con la entonces ministra, Graciela Ocaña, que también fue denunciante en esta causa.


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