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Zanola sigue preso por fallo de la Corte
El máximo tribunal desestimó el recurso de queja interpuesto por la defensa del ex presidente de la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA). Ésta era la última instancia que el sindicalista tenía para pedir su excarcelación, que permanecerá firme, por lo menos hasta que el juez a cargo del caso, Norberto Oyarbide, ordene lo contrario.
Al desestimar el planteo de la defensa de Zanola, el voto mayoritario conformado por los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, indicó que el recurso presentado no cumplía con las formalidades exigidas por la Acordada 4/2007, por lo que no evaluaron el fondo de la cuestión. Esa acordada determina los requisitos de forma que deben tener los recursos ante la Corte para ser admitidos por el máximo tribunal.
Por su parte, la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, también votó por la desestimación del recurso, pero basándose en el artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación, que autoriza a la Corte a rechazar recursos «por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia».
En cambio, el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y el ministro Eugenio Zaffaroni votaron en disidencia y argumentaron que había que darle intervención al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que dictaminara sobre el fondo de la cuestión.
Rechazos previos
Tanto la Cámara Federal de Apelaciones como la Cámara Nacional de Casación Penal ya habían rechazado los planteos de la defensa de Zanola. También se desestimaron por el momento sus pedidos de prisión domiciliaria, debido a su edad avanzada y a su mal estado de salud.
El titular de la Bancaria está preso en el penal de Marcos Paz desde fines del año pasado, lo que no le impidió encabezar una vez más las elecciones del gremio a principios de este año.
Zanola es investigado por las numerosas irregularidades detectadas en la OSBA: desde la presunta provisión de medicamentos adulterados en tratamientos de alta complejidad a sus afiliados hasta el supuesto manejo fraudulento de las carpetas de pacientes a través de las que se solicitaba financiamiento a la Administración de Programas Especiales, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.


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