Zapatero salvó el ajuste por un voto, pero quedó en la cornisa

El rostro del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado de su ministra de Economía, Elena Salgado, durante la sesión del Parlamento, lo decía todo. Logró hacer pasar con lo justo su plan de austeridad, pero su futuro político pende de un hilo.

Madrid - Los diputados españoles aprobaron ayer por apenas un voto el polémico plan de ajuste del Gobierno socialista, tras un debate revelador del profundo aislamiento de un José Luis Rodríguez Zapatero que salvó su cabeza con lo justo.

Sólo un voto de diferencia (169 votos a favor, 168 en contra y 13 abstenciones) permitió adoptar el decreto ley del Gobierno, que incluye una reducción del 5% promedio de los salarios de los empleados públicos desde junio y el congelamiento de las jubilaciones en 2011 para acelerar la reducción del abultado déficit público del país.

El Gobierno socialista, que había jurado no tocar jamás las conquistas sociales, se vio obligado a anunciar estas medidas bajo presión de los mercados, sus socios europeos y el Fondo Monetario Internacional.

Calcula economizar 15 mil millones de euros en 2010 y 2011 para acelerar la reducción del déficit público, que llegó al 11,2% del PBI el año pasado y que quiere llevar a un 3% en 2013.

Un resultado negativo habría provocado probablemente la caída de Rodríguez Zapatero y hubiese tenido repercusiones desastrosas para España y la eurozona por la reacción de mercados financieros ya extremadamente tensos.

La Bolsa de Madrid reaccionó con alivio a la adopción del ajuste, con una suba del 3,23%.

Final

El influyente diario El País (afín al ala más pro mercado del Partido Socialista) estimó que «una derrota del Gobierno» habría supuesto «el final abrupto de la legislatura», esto es del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Mientras, el diario de derecha ABC clamó en su portada la «necesidad nacional» de elecciones anticipadas.

«Estas medidas son dolorosas, pero indispensables», declaró antes de la votación la ministra de Economía y Finanzas, Elena Salgado, ante un Parlamento completo.

Sólo los diputados socialistas, que no tienen mayoría absoluta, aprobaron el texto. Los demás grupos parlamentarios votaron en contra -como el Partido Popular (PP, derecha), hostil al congelamiento de las jubilaciones, o los ecologistas y comunistas, que protestan por la reducción de los salarios de empleados públicos- o se abstuvieron.

En efecto, el texto pasó gracias a la abstención de los diez diputados nacionalistas catalanes de Convergencia i Unio (CiU), que se justificaron por el sentido de la «responsabilidad».

«Todo el mundo sabe qué sucedería si el Gobierno no tuviera capacidad de aprobar este decreto ley. Los mercados provocarían una caída importante de nuestra Bolsa, los mercados castigarían nuestra deuda y sería más difícil emitir deuda pública. Nuestra responsabilidad es que España no caiga en un pozo más profundo. No quiero que España sea intervenida como Grecia», afirmó el secretario general de CiU, Duran i Lleida.

Abrumado

Pero el líder de los nacionalistas catalanes hizo pagar cara su abstención a Zapatero, que siguió el debate abrumado en su sillón, con el rostro ilustrando la gravedad de la situación.

«Su etapa está ya finiquitada, no convoque elecciones ahora porque lo peor que podría llevar a este país en plena crisis económica es quedarnos sin gobierno», añadió.

«Hagan los deberes que le imponen desde afuera y cuando lleguen los presupuestos y no pueda sacarlos adelante, convoque a elecciones, que es lo que espera y necesita este país», concluyó, lapidario.

Entre los malos augurios para Zapatero se destaca el que los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado) votaron contra su decreto ley, cuando fue esa fuerza la que le permitió al Gobierno aprobar sus anteriores presupuestos.

Reestructuración

En caída libre en la opinión pública, según un sondeo reciente, Zapatero se abocará ahora a la reestructuración de las cajas de ahorro en mala situación por el estallido de la burbuja inmobiliaria y a una delicada reforma del mercado laboral, que lo llevó a anular un viaje previsto a Brasil.

La reforma laboral apunta a una mayor flexibilización y a un abaratamiento del despido, tal como reclama el FMI, todo en un contexto duro, de un 20% de desempleo.

Después de la aprobación de la reforma laboral, los nacionalistas catalanes harían pesar su preferencia por comicios anticipados.

Un nuevo momento de tensión se vislumbra ya en el horizonte cercano, porque los sindicatos convocaron a una huelga de estatales para el 8 de junio y no excluyen una huelga general.

Agencias AFP, DPA y EFE