El “scrum” de la Corte, el giro tras el “animémonos y desacaten” y un próximo fallo que inquieta

No habrá movimientos en el expediente de la Coparticipación ni se habilitará feria. Cambia dinámica y rechazo sin “conjueces”. Gobierno manotea bonos y ahora exhibe “buena fe procesal”. Busca plata de bancos y juego online. Contraste con amague de incumplimiento que desataba debacle internacional. Pase de facturas y microclima. La ANSES podría dejar de apelar “gratis” contra jubilados.

Tiempo Judicial

Para la Corte Suprema, el año judicial culminó la semana pasada. Esto significa que más allá de la controversia política y de la pirotecnia discursiva en torno a la cautelar que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por el porcentaje de coparticipación, el expediente no tendrá novedades ni los próximos días ni durante enero. De hecho, los ministros del máximo Tribunal ya están trabajando en el cierre de este año en la planificación del primer semestre del 2023. Allí hay dos novedades de alto voltaje: resolver qué ocurrirá con la plaza de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura no bien comience febrero y un expediente muy complejo que se vincula con los jubilados y la ANSES, y cuyos efectos pueden ser asimilados al bombazo que recibió el Gobierno días atrás.

Hasta anoche, a la mesa de entradas de Talcahuano 550 no había ingresado ni el recurso de “revocatoria in extremis” que serviría para que la Corte haga una revisión de su propia decisión ante distintos fundamentos que están diseñando en la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini, y un intento de una recusación de todos los firmantes de la sentencia. Esos recursos procesales estaban previstos el jueves cuando, indescriptiblemente, desde los propios despachos oficiales salieron informaciones respecto a la intención de no acatar el fallo de la Corte ante lo que sostenían como una decisión política de imposible cumplimiento. Ni la revocatoria ni la recusación tienen futuro alguno, supo Ámbito. Serán rechazadas de plano y la fantasía de que en el caso puedan llegar a intervenir “conjueces” entre presidentes de las Cámaras Federales que puedan torcer la decisión quedará en el plano de la imaginación. Pero el dato adicional es que su tratamiento quedará diferido. No se abrirá la feria por una cuestión patrimonial que es, en el fondo, lo que discute este expediente respecto a los porcentajes de fondos asignados. Cada papel que ingrese tendrá el habitual procedimiento de traslado a las partes de tres a cinco días para su contestación. La dinámica cambia totalmente, a partir de ahora.

Horacio Rodríguez Larreta también fue advertido de que no intente locuras durante el receso. Por eso hay que leer en esa clave el escrito que presentó la Procuración General de la Ciudad a cargo de Gabriel Astarloa, luego de que el Gobierno anunciara ayer por la mañana que acataría y que para ello disponía un pago en bonos para cubrir el monto de los giros diarios mientras exploraba una solución alternativa que le permitiera vía Congreso obtener otras fuentes de financiamiento para esa partida. El escrito del jefe de abogados del Estado porteño es más bien una puesta en conocimiento de la Corte de cuál es su posición frente a esta solución del conflicto y su disconformidad. No pide nada. También queda en suspenso la diatriba de pedir embargos a fondos que estén bajo el dominio del Banco Nación, la imposición de astreintes personales a cargo de los funcionarios encargados de cumplir la manda que no lo hicieran, y hasta las denuncias penales por desobediencia que fueron a la Justicia penal quedan como un mal uso de los recursos naturales.

Los gobernadores del PJ que lideraron la intención de que se desconozca el fallo y hasta fueron voceros de la posición del oficialismo en este tema, apenas enterados de la resolución están furiosos por doble vía. En rigor, parte del planteo se apoyaba en el apotegma animémonos y vayan”, lo que en este caso hubiese sido, “animémonos y desacaten”. Para los mandatarios, el costo era cero. Alberto Fernández se tomó el fin de semana para clarificar su posición pero el jueves mismo había dejado trascender que no tenía previsto ignorar a la Corte. Las consecuencias indirectas de no cumplir con una decisión del máximo tribunal de un país son catastróficas. No es ideológico. No es una más para que aplaudan los propios en las tribunas. Los efectos concatenados que se hacen de esa decisión traspasan un umbral que no solo es alimento para la oposición, sino que tienen correlato en diversas áreas con un impacto económico devastador y expansivo. Por ejemplo, Argentina busca que la jueza de Nueva York Loretta Preska permita que el juicio por la expropiación de YPF se traslade a los tribunales argentinos. ¿Qué pasaría si el Poder Ejecutivo desoye a su máxima instancia judicial? Pago y cotización de bonos que tienen una promesa de cumplimiento; diversos instrumentos atados a decisiones oficiales; la implementación de otras decisiones judiciales que tienen incidencia en el extranjero. Como el mundo de las relaciones económicas no es Twitter, cualquier movimiento de este estilo habilita una estampida con consecuencias imprevisibles. Desata pánico. Solo el empacho de microclima permitió no visualizar la amenaza institucional y económica que se avecinaba con el jugueteo al “desacato”.

Este diario supo que el Ministro de Economía Sergio Massa fue de los primeros en sugerir que se cumpliera con la cautelar, se buscaran los recursos necesarios y se diera vuelta la página para buscar un mejor resultado en la cuestión de fondo. En el fondo, la demanda se dirigía contra Economía, algo que también dejó en claro el Ministerio del Interior que conduce “Wado” de Pedro cuando se desligó de cualquier intervención en el cumplimiento de la orden de la Corte. Algunos gobernadores consultados por Ámbito mascullaban alguna bronca hacia De Pedro de quien afirman que había llevado al CFI pronósticos más alentadores respecto al resultado del litigio. Hay otras cuestiones que escaparon al control de los funcionarios encargados de llevar la estrategia. La propia Silvina Batakis quedó en el medio del sandwich por su actual posición al frente del Banco Nación, desde donde se debía girar diariamente el nuevo porcentaje de Coparticipación de manera automática. Antes había sido ministra de Economía pero antes había estado a cargo de la Secretaría de Provincias dentro de Interior. En ese rol acudió a las audiencias públicas que estableció la Corte para esta demanda. En dos oportunidades los jueces le preguntaron si la masa afectada correspondía a coparticipación primaria o secundaria. La entonces funcionaria respondió que “secundaria”, que es la que sí afecta a las demás provincias. Pero en el expediente, las únicas constancias que existen hablan de que los montos que se detrajeron son de la coparticipación “primaria” que es el porcentaje de los tributos que quedan bajo la órbita de la Nación. Con una Ley de Coparticipación de 1988 –que va a cumplir 35 años sin actualizarse- que no incluye a CABA y a Tierra del Fuego exaspera que las soluciones a las que se arriban nunca traigan aparejado una mejoría institucional.

El domingo 25 en plena Navidad se terminó de diseñar el modelo de cumplimiento pagando por adelantado con bonos TX31 en una cuenta comitente en el Banco Nación a nombre de la Ciudad. El mensaje que el Gobierno pretendió dar fue el inverso al de la semana pasada: buena fe procesal y cumplimiento de la cautelar. Se depositó el equivalente nominal en bonos a un trimestre de giros automáticos. Si la cautelar se mantiene vigente al cabo de ese plazo, se girará otra vez su equivalente en TX31. ¿Por qué se eligió ese instrumento? Es el mismo con el que se abonó la sentencia de fondo por la coparticipación a San Luis (en una negociación que llevó adelante el entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio del PRO), a Santa Fe y se está por resolver de la misma forma La Pampa, el último de los grandes litigios que se arrastraban. Larreta reclamaba efectivo, obviamente. Su situación tampoco es tan holgada. Como ya se dijo, si pretende ejecutar la sentencia de otra forma durante la feria se encontrará contra un paredón. Y hay un detalle relevante que pasó desapercibido. Pese a que no lo fundamentó y es uno de los aspectos más cuestionados del fallo, el corte de 2.95% que le asignó es un número bastante parecido al que había surgido en la mesa de negociación bipartita que habilitó la Corte entre Ciudad y Nación. Pero esa cifra está muy lejos del 3.75% original de Macri y el 3.50% del consenso fiscal de 2017. Eso significa que a fines de 2020, Alberto Fernández le quitó un porcentaje que, en principio, estaba mal. Pero también significa que la Ciudad cobró entre 2016 y 2020 una cifra que estaba muy por encima del porcentaje real. Eso a la hora de calcular las compensaciones que se deben hacer en caso de que ganen el litigio final son relevantes.

Con la otra mano, el Gobierno busca recuperar esa pérdida y evalúa escenarios a través de un proyecto de ley que permita, llegado el caso, hacerse fondos a través de, por ejemplo, gravar a los bancos por la renta extraordinaria que generan los intereses en las Leliq (igual que el que tiene CABA) o elevar la alícuota del juego “online”, lo que ofrece la chance de un golpe hacia empresas cuya radicación precisamente se centraliza en la Ciudad Autónoma.

Desde hace décadas la ANSES arrastra una prerrogativa que le permite apelar a las máximas instancias juicios por reajustes jubilatorios sin pago de costas. Pero ahora arrastra una demanda para que esa situación cambie y la Corte puede asestarle un duro golpe al organismo que conduce Fernanda Raverta, cuyos equipos técnicos ya están advertidos de que el caso llegó a instancias de decisión y con un pronóstico negativo. Su resolución en el calendario 2023 tendría un doble efecto porque ataca uno de las prácticas más impopulares que tienen todos los gobiernos: la apelación infinita en juicios perdidos para dilatar el pago a jubilados y pensionados con el objetivo de dilatarlos en el tiempo, reducir el universo de demandantes por efectos naturales y licuar las deudas.

No por nada se publicaron las estadísticas de la Corte. De las 24.596 causas resueltas en los últimos dos años, 12.288 (el 50%) responden a temas de jubilaciones y pensiones en las que el Estado es parte. El Estado –y los gobiernos que los administran- es el principal cliente de la Corte, aunque renieguen.