Habilitan obras eléctricas con concesión privada y nuevas tarifas para financiar ampliaciones el sistema energético

La Secretaría de Energía reglamentó un nuevo mecanismo para expandir el sistema de transporte eléctrico, con licitaciones públicas, pago a concesionarios y cargos a usuarios del mercado mayorista.

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El Gobierno avanzó con un nuevo esquema para impulsar inversiones en el sistema eléctrico y oficializó un régimen que habilita la ejecución de obras mediante concesiones de obra pública.

La medida se formalizó a través de la Resolución 83/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, en el marco de la emergencia energética vigente hasta julio de 2026.

La normativa incorpora un nuevo apartado al reglamento del sistema eléctrico que regula las “ampliaciones por concesión de obra pública”, con el objetivo de fomentar inversiones privadas y garantizar el abastecimiento de energía.

Según el esquema aprobado, las obras serán adjudicadas mediante licitaciones públicas nacionales o internacionales y estarán a cargo de empresas que asumirán la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura como concesionarios.

El anexo de la resolución detalla que estos proyectos podrán ser impulsados tanto por el Estado como por iniciativas privadas, y que cada adjudicatario firmará un contrato específico de concesión para ejecutar las ampliaciones del sistema de transporte eléctrico .

El modelo establece que los concesionarios percibirán una remuneración mensual por la inversión realizada, junto con una tarifa adicional por operación y mantenimiento una vez que la obra esté en funcionamiento. Ese esquema será definido en los pliegos de cada licitación.

Además, se prevé la creación de una tarifa específica -denominada Tarifa COP- que será pagada por los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que resulten beneficiarios de las obras. El valor deberá ser determinado con intervención del ente regulador y sometido a audiencia pública antes de su aprobación.

En paralelo, la resolución dispone que los pagos vinculados a estas ampliaciones tendrán prioridad dentro del sistema de liquidación del mercado eléctrico, lo que busca garantizar el financiamiento de las obras.

El nuevo régimen también fija que las concesiones tendrán un plazo limitado: una vez finalizado -que no podrá superar los 30 años desde la habilitación comercial-, las instalaciones deberán ser transferidas al Estado nacional sin costo .

Durante la ejecución, los concesionarios actuarán como transportistas independientes y deberán cumplir con exigencias técnicas y regulatorias, bajo supervisión de las empresas transportistas existentes o prestadores técnicos del sistema.

En cuanto al control, continuará interviniendo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad hasta que entre en funcionamiento el nuevo ente unificado creado por ley, que integrará la regulación del gas y la electricidad.

La medida se inscribe dentro de la estrategia oficial para ordenar el sistema energético y generar condiciones para nuevas inversiones, en un contexto de emergencia en el sector y necesidad de ampliar la capacidad de transporte eléctrico en todo el país.