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Según la Ley de Cine, más allá de una pequeña partida del presupuesto nacional, el INCAA debe funcionar con fondos genuinos provenientes del 10% del precio de las entradas a las salas cinematográficas y los alquileres de video, porcentaje a recibir y administrar sin intermediación alguna, que debe servirle para créditos, subsidios, promociones (el 8% de lo recaudado), pago de sueldos, y mantenimiento del edificio. Pero a comienzos de los '90 el Ejecutivo consolidó una cuenta única, centralizada en el Ministerio de Economía, por el cual el INCAA dejó de disponer de esos fondos. Desde entonces, aunque el impuesto a las entradas y alquileres de video recaude millones, el INCAA recibe migajas. El resto se diluye.
Esto ha sido un continuo motivo de quejas por parte de la gente de cine, y un desafío para las autoridades del Instituto, ya que cada pedido de dinero obliga a una enojosa y desgastante pulseada entre el director del INCAA y el ministro de Economía (un dinero que, por otra parte, le corresponde enteramente al INCAA). Durante la gestión del doctor
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